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El portal Ojo Público (OP) y distintas ONG vinculadas al ambientalismo ideológico le han declarado la guerra a dos sectores productivos claves para la economía: agricultura y minería, sectores que han contribuido a reducir la pobreza, el desempleo y la informalidad del Perú. Sin estas actividades no se entendería la reducción de pobreza del 60% de la población a solo 20% en las últimas dos décadas.
Con extrema ligereza, el portal OP señala que las empresas agrarias son “los dueños del agua” porque extraen agua subterránea para impulsar la agricultura. Se señala que de un total de 5,460 licencias tramitadas para construir pozos, el 93% de esas licencias corresponde a empresas agrarias. Para el señalado portal existe un supuesto poder empresarial perverso que pretende apropiarse del agua, de los ríos y las cuencas. A pesar de que en la agricultura peruana existen miles de usuarios del agua, el mencionado portal concentra sus ataques en 43 empresas que han obtenido sus licencias respectivas para extraer agua subterránea ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Nadie lo entiende.
¿Qué tiene que ver la construcción de pozos para la agricultura con la desidia del Estado en proveer agua y desagüe a cerca de 10 millones de peruanos? Ahora sucede que el agua de pozo compite con el agua que debe potabilizarse para consumo humano. Todo suena a campaña anticapitalista, anti empresa, para golpear a uno de los sectores claves para la diversificación productiva y oferta de empleo.
La campaña anticapitalista en contra de las inversiones, invocando la defensa de agua para los consumidores, oculta que el 80% del agua del Perú se desperdicia en las cuencas del Atlántico y del Océano Pacífico por falta de inversiones en represas, reservorios e infraestructura hídrica en general. Algo más. El Perú virtualmente es un país que nada en agua porque está ubicado entre los diez primeros países con más recursos hídricos del planeta. La campaña de la izquierda anticapitalista, antes que defender el agua para los consumidores o los pobres, solo busca detener las inversiones para lentificar el crecimiento y denunciar que todos los desastres provienen del neoliberalismo. Así están las cosas.
Según diversos estudios, en el Perú se cuenta con entre 22 y 30 billones de metros cúbicos de agua al año, de los que se aprovecha solo el 20%. La agricultura consume casi el 80% de esos recursos hídricos, un 10% la población y la minería entre 1% y 1.5%.
El déficit hídrico del país, pues, solo se explica por la falta de represas, reservorios, canales, pozos y sistemas tecnificados de regadío. Por ejemplo, en el valle de Tambo (Arequipa), hay unas 12,000 hectáreas de tierras agrícolas afectadas por la falta de agua porque no hay obras de infraestructura hídrica. Sin embargo, El proyecto hídrico Paltiture (que podría abastecer de agua a esas tierras), está detenido por dos medidas cautelares, una planteada por la municipalidad de Puno y la otra por el gobierno regional de Puno. Otro proyecto, la represa de Peña Negra, también en Arequipa, que acumulará cien millones de metros cúbicos de agua, es objetado por un sector de los agricultores del valle Tambo. Aducen que, por la ubicación de la represa, solo será posible realizar riego tecnificado, afectando —según ellos— a los productores de arroz.
El desperdicio del agua debe ser la principal preocupación. Eso se resuelve con obras. En ese contexto, el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, ha puesto en marcha el Proyecto Nacional de Afianzamiento Hídrico, con inversiones proyectadas en US$15,000 millones para construir 44 represas en todo el país. La inversión ampliará la frontera agrícola y, asimismo, evitará las inundaciones provocadas por las lluvias.
¿Por qué entonces el portal Ojo Público señala que las empresas del sector agroindustrial son los “dueños del agua” en el Perú y una de las trabas para el acceso del líquido elemento para todos?
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