Majes Siguas II: proyecto hídrico estancado

El ministro del sector Economía (MEF), Waldo Mendoza, y el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, anunciaron que el proyecto hídrico Majes Siguas II había sido destrabado y que la ejecución dependerá del próximo gobierno. Pero estas afirmaciones no son exactas. 

Según nos ha señalado Héctor Mayhuire, director del diario Viral de Arequipa, el entrampamiento subsiste con la adenda 13 que reemplaza la tecnología del proyecto de canales abiertos de agua por tuberías a presión. “El Ministerio de Economía debe emitir una opinión sobre la adenda 13, opinión que se debe contrastar con el informe de la Contraloría General de la República. Sin embargo, aun cuando los informes no son vinculantes, ninguna autoridad, en las actuales circunstancias, se atreverá a contrariarlos”, señala Mayhuire.

Majes Siguas II es la gran obra de irrigación del sur esperada hace más de 50 años y detenida en 2017, con un 16% de avance. El proyecto fue paralizado por un desentendimiento entre el concesionario y las autoridades regionales. Cobra, la concesionaria, propone ahorrar el consumo de agua, su desperdicio y los robos modificando la tecnología de la obra. Esta modificación, por intermedio de la adenda 13, cuesta un adicional de US$ 104 millones. Con el cambio de tecnología y más agua a disposición se ha calculado aumentar en 2,000 hectáreas los territorios cultivables. Para viabilizar el proyecto, en 2020 –aun cuando el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto– fue aprobada una garantía soberana de US$ 104 millones. No obstante, el entrampamiento continúa en el MEF y la Contraloría. En simple, las autoridades no deciden con contundencia si la adenda es técnicamente conveniente para aprobarla. 

Más de 250,000 empleos formales y más de US$ 350 millones de ingresos fiscales por agroexportaciones están paralizados por intereses políticos. La izquierda y el marxismo boicotean el proyecto. Abogados comunistas han presentado demandas contra los responsables del proyecto por colusión agravada y señalan que “el proyecto no es posible hasta aclarar la situación jurídica de los demandados”. Asimismo, Cáceres ha señalado que en lugar de terrenos de 300 o 400 hectáreas (para realizar agricultura a gran escala) debe prevalecer el minifundio, la agricultura familiar, “social” como la denomina. En este contexto, importa poco el ahorro de agua con el cambio de tecnología. 

Vale señalar que en el socialismo la economía está sometida a la ideología y voluntad política. La contabilidad de costos, rentabilidad, competitividad –reduciendo gastos y desperdicios– no existen. Es lo que se pretende imponer en Majes Siguas II. El populismo comunista insiste en el plan de atomizar la agricultura del país con el fin de empobrecer al campesino para hacerlo dependiente del Estado. Lo contrario es la agricultura a gran escala y de exportación, o la asociación de pequeños y medianos parceleros, como lo hacen Agroideas y Sierra y Selva Exportadora.

Majes Siguas I es el mal ejemplo: el 60% de los 2,700 agricultores realizan actividades de sobrevivencia; sin fertilizantes, asistencia técnica, maquinarias ni mercados. Además, las autoridades y dirigentes comunistas promueven la pulverización de los terrenos con el fin de acapararlos, comprarlos a precios sociales para revenderlos después a precios de mercado, por intermedio de testaferros. Es una nueva modalidad “legal” de tráfico de terrenos. Isaac Martínez, ex gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), denunció que “ciertos consejeros regionales tienen intereses propios” en el proyecto de regadío. 

Majes Siguas II espera su reinicio con el nuevo gobierno. Pero nadie mueve un dedo por las inversiones en las oficinas estatales. Desde el quinquenio de Ollanta Humala hasta el gobierno de Francisco Sagasti, Perú pierde oportunidades valiosas para reducir la pobreza y el desempleo. La inacción es el resultado de las ideologías socialistas de las autoridades y funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno. Y las expectativas de Majes Siguas II son aún más si Pedro Castillo es proclamado presidente de la República.