Lucha contra la minería ilegal y defensa del sistema minero en el Perú

Desde nuestro punto de vista lo más recomendable sería que el Congreso no avance en la sanción de una nueva ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (ley MAPE) en esta legislatura, porque las presiones populistas, los vínculos de algunas bancadas con la minería ilegal, podría llevar a aprobar criterios que en vez de combatir el problema fomenten la multiplicación de este flagelo.

¿A qué nos referimos? A la posibilidad de aprobar criterios –como el de las concesiones ociosas– que destruyan el sistema de propiedad minera del Perú, una de las claves del modelo económico y de la conversión del Perú en una potencia minera. Antes de continuar con el tema vale señalar que el único y absoluto responsable de la existencia de la minería informal, del avance de la minería ilegal –y de la falta de escuelas, postas médicas, carreteras, escuelas en las regiones y zonas mineras– es el Estado. Nadie más. En este contexto, los políticos y el populismo suelen endilgar a las empresas mineras formales y al desarrollo de las concesiones mineras, como las causas de la situación.

El sistema de propiedad minera en el Perú en las últimas tres décadas ha convocado alrededor de US$ 60,000 millones en inversiones, genera aproximadamente dos millones de empleos –entre directos e indirectos– y ha llegado a aportar cerca de S/ 8,000 millones en canon en épocas de precios altos. Si existen falta de servicios en las regiones mineras, entonces, es responsabilidad de los ministerios, gobiernos regionales y municipios. E igualmente, si la minería informal hoy se extiende en más de siete regiones en donde ha comenzado a multiplicarse, también es de exclusiva responsabilidad del Estado, sobre todo por el fracaso de las regiones que no se encargaron del asunto en la última década.

En este contexto, el Perú tiene que abordar la discusión de la formalización minera y la erradicación de la minería ilegal poniendo por delante el proyecto nacional y no los intereses y estrategias electorales de algunas bancadas legislativas. 

Todos sabemos que el precio de la onza del oro ha superado los US$ 3,500 y podría llegar a los US$ 5000 en el 2026 y, asimismo, que el precio del precio de la libra de cobre supera los US$ 4.5 y podría superar los US$ 5 por el incremento de la demanda mundial del metal rojo. Semejantes precios –sin un Estado que redistribuye la riqueza minera que se recauda a través del impuesto a la renta y otros, a través del canon, y sin un Estado de derecho que preserve el principio de autoridad establecido en la Constitución y la ley– es una invitación a la multiplicación de la minería ilegal en el Perú.

Y la única definición de minería ilegal se refiere a quienes invaden y asaltan concesiones formales en donde se desarrolla exploración y explotación. En el Perú, por ejemplo, el 14% de la superficie del territorio está concesionado a compañías formales que invierten, generan riqueza, crean empleo formal y preservan el medio ambiente con los más altos estándares ambientales. 

El sistema de concesiones mineras en el Perú –con algunos detalles más o menos– es el mismo sistema de concesiones de Canadá, Australia, Chile y de cualquier potencia minera del planeta. Sin embargo, los conflictos con la minería ilegal se producen básicamente en el 10% de la superficie concesionada a las empresas de la minería moderna. Es decir, en las áreas donde existen reservas probadas del mineral luego de años de trabajo en exploraciones. Existe otro tipo de minería ilegal que se desarrolla en Parques Nacionales y Zonas Culturales Reservadas –sobre todo en la Amazonía–; sin embargo, el conflicto, la movilización de las bancadas legislativas en busca de los votos de los llamados Reinfo, se producen en las áreas de las concesiones formales en conflicto (La Libertad y Apurímac, por ejemplo).

El Perú, las bancadas legislativas de buena voluntad que defendieron al Perú del golpe fallido de Pedro Castillo y el eje bolivariano, tienen la obligación de avanzar en la formalización minera, pero preservando el sistema de propiedad minera que se ha convertido en columna vertebral del modelo económico del país.