¡Las Bambas cercada por los antimineros!

El extremismo antiminero ha iniciado una nueva escalada de violencia en el Corredor Minero del Sur, que comprende los departamentos de Apurímac, Arequipa y Cusco. Un piquete de activistas altamente ideologizados, liderados por los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo (de largo historial antiminero), ha logrado detener las actividades de Las Bambas (Apurímac). Se ha bloqueado la carretera por donde los camiones transportan los minerales, perjudicando incluso el libre tránsito de los comuneros. El objetivo no es otro que detener la producción de cobre y paralizar todas las actividades mineras del sur y de todo el país. Un sector que este año, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), exportará US$ 30,600 millones, un incremento del 16% con respecto al 2017.

Como siempre, los antimineros mienten. Son campeones distorsionando la realidad. Resulta que un poblador de la comunidad de Fuerabamba decidió libremente vender a la minera el terreno de su propiedad, ubicado dentro de la comunidad. La minera compró el terreno con la finalidad de desarrollar en el lugar actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, el extremismo antiminero ha hecho que una transacción entre privados termine en un entredicho que pone en riesgo el desarrollo minero. El piquete de antimineros, autodenominados dirigentes —que ni viven ni son de la zona— ha bloqueado el sector Yavi Yavi, en el distrito de Santo Tomás (provincia de Chumbivilcas, Cusco). Exige que la minera incremente el pago acordado por la compra del terreno, y aprovecha la oportunidad para exigir el mejoramiento de una planta lechera y la actividad agrícola de Yavi Yavi.

Los objetivos de los hermanos Chávez están dentro de los intereses del radicalismo de izquierda: bloquear el desarrollo social y económico del país para agudizar las contradicciones sociales e intentar establecer un gobierno de corte socialista, como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Frank y Jorge Chávez Sotelo son abogados y asesores de diferentes comunidades campesinas del sur del país. Están vinculados a las autoridades del círculo izquierdista y a las ONG del ambientalismo ideológico. Azuzan a la población y son también parte operativa de todas las movilizaciones violentas. En 2016 —como asesores de las comunidades campesinas Quehuira, Pumamarca, Allahua y Choquecca (por donde pasan los camiones de Las Bambas)— promovieron los pedidos millonarios de las comunidades a la empresa minera para permitirles usar la carretera. Quehuira exigió US$ 20 millones, Pumamarca US$ 50 millones, Allahua US$ 5 millones y Choquecca-Antio otros US$ 80 millones.

Queda claro que los antimineros se aprovechan de cualquier circunstancia para bloquear las actividades mineras, que siguen siendo el motor de la economía nacional. Organizan federaciones de mineros artesanales con el fin de invadir los terrenos concesionados a las mineras. Asimismo, alientan las disputas territoriales entre los poblados para crear problemas de representación y de participación en las zonas de influencia minera.

Las manifestaciones antimineras que se desarrollarán en las siguientes semanas servirán claramente para apuntalar las candidaturas de alcaldes y presidentes regionales vinculados a las izquierda y al eje comprometido con el ambientalismo ideológico. Claro como el agua de manantial. En este contexto,el Estado debería salvaguardar los contratos firmados con las empresas, al amparo de la ley y la Constitución. ¿Por qué los fiscales, jueces y policías no pueden defender la legalidad de las inversiones frente a la violencia del radicalismo?