El relevo de José Salardi del Ministerio de Econom&iacu...
El Perú ha suscrito el Tratado de Minamata, que busca eliminar las emisiones de mercurio por los efectos terribles que tienen en el medio ambiente y en la salud de las personas. A este tratado ya se han sumado 128 países, y entrará en vigencia apenas sea ratificado por 50 países de las Naciones Unidas.
Nuestro país tiene una fuente muy importante de emisiones de este elemento: la minería informal tipo filoneano y aluvial, que utiliza mercurio para amalgamar el mineral. Al respecto, se calcula que se producen 30 toneladas anuales de oro utilizando el mercurio. Y como por cada gramo de oro que se obtiene se emplean dos de mercurio, se proyecta que en el país se consume —solo con este fin— 60 toneladas de mercurio cada año.
Si consideramos los altos niveles de informalidad de la minería artesanal, los especialistas sostienen que cerca de la mitad del mercurio utilizado se pierde en el medio ambiente. Cuando el mercurio se pierde, se transforma en metilmercurio y perdura en el suelo, el aire y el agua, con graves efectos para la salud de las personas y el medio ambiente.
Vale señalar al respecto que el Estado no hace nada para detener las emisiones de este elemento. Durante el Gobierno de Ollanta Humala se suspendió la importación de mercurio; sin embargo, existe producción nacional de mercurio. Además Bolivia importa grandes cantidades de este elemento, y gran parte de ese mercurio se comercializa de manera informal en el Perú.
A entender de este portal, la única manera de enfrentar las emisiones de mercurio es a través de la formalización de la minería artesanal. Sin embargo, el proceso de formalización es un fracaso completo: solo 5,000 pequeños mineros y mineros artesanales tributan, sobre un universo de más de 400,000 productores. En el exterior se comercializan informalmente entre 3,000 y 5,000 kilos de oro peruano cada año. Algo más: desde el 2012 hasta la fecha la comercialización informal de oro peruano fuera del país suma los US$ 15,000 millones. Pierde el medio ambiente y pierde la recaudación tributaria. Y como hemos sostenido infinidad de veces, la causa de este fracaso está en los nueve decretos legislativos promulgados durante el Gobierno nacionalista que buscan excluir a los pequeños mineros y los mineros artesanales, estableciendo requisitos inalcanzables para los sectores informales: contratos de explotación, cálculo de reservas probadas, RUC, documentos contables y todos los documentos requeridos para la formalidad. Imposibles para los informales.
En este contexto, vale preguntarse qué está haciendo la Sunat para contribuir a reducir las emisiones de mercurio. La autoridad tributaria no parece interesada en alinear su estrategia de recaudación con una política de formalización y solo se dedica a imponer multas y embargos, y promover pérdidas de dominio de los mineros artesanales. El resultado es un incremento de la informalidad a niveles impensados. En cualquier caso, allí están las cifras. Quizá una manera de contribuir a reducir las emisiones de mercurio sea que la Sunat apunte a los nudos de comercialización del mercurio, en vez de seguir aplicando golpes a ciegas al vasto sector de la minería informal.
Como se aprecia con absoluta claridad, con el fracaso de la formalización minera y con las lógicas que priorizan las sanciones y multas pierden la sociedad y todos los actores vinculados a la pequeña minería y la minería artesanal. El medio ambiente sigue siendo degradado por las emisiones de mercurio, se pone el peligro la salud de los ciudadanos y el Estado deja de recaudar enormes cantidades de recursos. Es difícil entender cómo se persiste en el error y el fracaso de la formalización minera, porque ni la administración de PPK ni la de Vizcarra se propusieron cambiar legislación aprobada durante el nacionalismo.
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