La sobrerregulación sí liquida el capitalismo y el crecimiento

Una de las cosas que olvidan los sectores que consideran que la confrontación de ideologías ha culminado en el mundo, sobre todo luego de la caída del Muro de Berlín, es que el desarrollo del capitalismo, inevitablemente, desatará la reacción anticapitalista. El crecimiento reduce la pobreza, pero no difumina las desigualdades naturales que existen en la sociedad y se desarrollan en la economía de mercado. Sobre esa realidad engordan las corrientes anticapitalistas. 

Considerando que el capitalismo suele desarrollarse bajo sistemas democráticos es inevitable que la guerra de ideas, que la colisión ideológica y cultural, se convierta en un factor permanente de la sociedad. Si los sectores que defienden la libertad renuncian a la guerra de ideas, inevitablemente, llegará la hora del anticapitalismo. 

Luego del derrumbe de los ex países de la Unión Soviética, una de las estrategias más eficaces de las corrientes neocomunistas y progresistas ha sido la sobrerregulación de los estados democráticos con el objeto de proteger a “los ciudadanos, la sociedad civil y otros sectores de la voracidad del empresariado”. En el Perú, no obstante, los criterios desreguladores de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, se desarrolló una sobrerregulación del aparato estatal que convirtió al Estado en uno de los más burocráticos de la región. En ese escenario -no se trata de una frase lanzada al viento- el Estado se convirtió en el principal adversario de la economía de mercado y la principal fuente de informalidad y pobreza. No es exagerado sostener que el Estado peruano se convirtió en uno de corte soviético.

Con ese tipo de Estado que frenaba la economía, el crecimiento y la reducción de la pobreza, hasta parece natural que Pedro Castillo haya llegado al poder para gobernar en contra de la Constitución.

La minería es un caso paradigmático para analizar sobre cómo la burocratización se tragó nuestro camino al desarrollo. Si se hubiesen materializado la cartera de inversiones mineras del país de más de US$ 53,000 millones, el Perú estaría creciendo sobre el 6% y la pobreza estaría debajo del 15%, incluso al margen de la actual crisis política. Los proyectos de cobre en Cajamarca –Conga, El Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros– habrían aportado un millón de toneladas métricas más de cobre a la actual producción de más de 2.5 millones.

Sin embargo eso no fue posible por la conflictividad social, pero, sobre todo, por la burocratización del Estado. ¿Alguien duda de esta aproximación? He aquí algunos datos. Al final del gobierno de Alberto Fujimori en minería existían alrededor de 12 procedimientos para concretar un proyecto minero. Con el gobierno de Alejandro Toledo aumentaron a 27. Durante la segunda administración de Alan García se incrementaron a 87. Y con Ollanta Humala pasamos a los 265 de la actualidad.

¿Cómo fue posible semejante sovietización del Estado peruano? Bajo las fábulas y narrativas sobre supuestas defensas del medio ambiente las izquierdas progresistas y las oenegés anticapitalistas impulsaron la creación de procedimiento tras procedimiento para detener las inversiones mineras, mientras nuestros competidores mundiales se beneficiaban de la paralización de una mina de cobre en el Perú.

La burocratización y la sobrerregulación del Estado, pues, es una de las estrategias más eficaces que las corrientes anticapitalistas han utilizado para detener el capitalismo en las sociedades, el único camino que permite reducir la pobreza y crear una sociedad de clases medias. 

En este contexto no es exagerado sostener que el Perú ha perdido su avance hacia el desarrollo debido a la burocratización estatal. A inicios del nuevo milenio, cuando el Perú crecía sobre los seis puntos y reducía entre tres y cuatro puntos de pobreza anual, algunas proyecciones señalaban que en el Bicentenario el país se acercaría al ingreso per cápita de una sociedad desarrollada. Sin embargo, llegamos al 2021 con el gobierno de Pedro Castillo y la pobreza aumentó en 10 puntos, un resultado inevitable del giro hacia la izquierda del Perú.