La producción de cobre en el sur amenazada por la minería ilegal

En el corredor minero del sur –que integran las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac– se produce aproximadamente el 40% del cobre nacional en el país. Sin el aporte de la producción del sur, el Perú no habría alcanzado el segundo lugar en la producción mundial de cobre –ahora desplazados al tercero por el Congo– ni se plantearía la posibilidad de disputar el primer lugar en el planeta. Y para entender la importancia de este asunto vale señalar que el precio de la libra del cobre ha superado los US$ 4 y, hacia el año 2050, la demanda mundial de este metal se duplicará por los avances de la IV Revolución Industrial y la irrupción de las energías renovables.

Sin embargo, las posibilidades del Perú de convertirse en una potencia mundial de cobre no solo están amenazadas por la acción de las oenegés anticapitalistas y de sectores antimineros en general, sino también e inevitablemente por el avance de la minería ilegal. En el corredor minero del sur, desde un año atrás, las invasiones y asaltos a las zonas con reservas probadas de las concesiones formales se han multiplicado y se calcula que, por la vía del corredor minero del sur, se movilizan más de 200 camiones diarios transportando el mineral a plantas ilegales de beneficio.

Las cosas han llegado a tal extremo –con varias minas y proyectos afectados– que Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del país con cerca de US$ 10,000 millones en inversiones, hoy no puede explotar el área de Sulfobamba; es decir, el tercer tajo de un proyecto destinado a producir 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales y que representa el 95% de los ingresos del gobierno regional de Apurímac. ¿Cómo entonces el Perú no va a perder el segundo lugar en la producción mundial de cobre? Y si le agregamos el bloqueo de la mayoría de las inversiones en el corredor minero del sur, entonces, tenemos la explicación de todos los retrocesos en la producción del metal rojo.

A estas alturas la minería ilegal –es decir, aquella que viola los derechos de propiedad de las concesiones formales– ha encontrado una manera de elevar la productividad de sus actividades, pero con un daño irreparable para el medio ambiente. A través de un método de lixiviación artesanal se mezclan las toneladas de mineral robado de las concesiones formales con ácido sulfúrico y chatarra de acero para extraer un producto que contiene hasta 70% de cobre. Este material se vende a las plantas informales que se han multiplicado de aquí por allá, sin que las instituciones ni las autoridades se decidan a recuperar la ley el orden en zonas que comienzan a parecerse al Viejo Oeste y en donde se impone la fuerza y la violencia sobre el derecho.

Es evidente entonces que el proyecto minero moderno del Perú se está derrumbando por el avance de la minería ilegal. Sin embargo, una de las cosas más sorprendentes de esta situación es que la ilegalidad minera, con los incontables recursos con que cuenta, se ha agenciado una relación propia con las bancadas legislativas de la izquierda y otros sectores, a tal extremo que están proponiendo modificar el sistema de propiedad minera con el objeto de legalizar las invasiones y asaltos de las concesiones formales.

El argumento de “las concesiones ociosas”, es decir, la legalización de las invasiones en las áreas de las concesiones formales con reservas probadas –luego de años de intenso trabajo en exploración– es una manera de fomentar la lucha de clases entre las grandes, medianas y pequeñas unidades de minería y de destruir el sistema se propiedad minera que ha convocado alrededor de US$ 60,000 millones en inversiones y ha creado más de un millón de empleos (entre directos e indirectos), y se ha convertido en la gran fuente de financiamiento de la descentralización y de los gobiernos regionales. 

En otras palabras, es una manera de acabar con una de las columnas centrales del modelo económico que más ha reducido la pobreza en la historia republicana.