Consecuencias de eliminar la flexibilidad laboral en el agro

Uno de los mayores objetivos de las diversas corrientes de izquierda, luego de las reformas económicas de los noventa, siempre fue detener el proceso de capitalización del campo. La falta de inversiones y modernidad en el agro están entre las fuentes principales de la pobreza que abarcó a más del 60% de los peruanos luego de las expropiaciones y las reformas del velasquismo.

Durante el gobierno provisional de Sagasti, luego de unas marchas en la Panamericana Sur que produjo lamentables víctimas fatales por el desarrollo de la violencia –que el radicalismo suele provocar– se procedió a derogar la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, una de las mejores leyes económicas de la historia republicana que debió servir como base para producir una reforma tributaria y laboral de toda la economía nacional. 

Recordar estos hechos es sumamente importante en momentos en que un puñado de mineros ilegales pretende derogar la Ley General de Minería y el sistema de concesiones mineras, una de las columnas centrales del actual modelo económico del país.

Uno de los mayores daños causados con la derogatoria de la ley de Promoción Agraria es la eliminación del sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, que era una de las claves del sistema promocional agrario junto al sistema tributario especial. La flexibilidad para contratar y cancelar las relaciones laborales de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura (siembra, cosecha y mantenimiento) impulsó a algunas empresas a contratar entre 15,000 y 20,000 trabajadores por temporada, con todos los beneficios sociales incluidos. De 460,000 empleos formales –entre directos e indirectos– en el 2004 se pasó a un millón en la actualidad. La pobreza en las regiones agrarias bajó por debajo de la media nacional y en Ica se ubicó en 6% de la población, no obstante que a nivel nacional llega a 29%.

El sistema promocional era, pues, proempleo y los contratos laborales pasaron a representar entre 50% y 60% de los costos totales de las empresas. Sin embargo, todo empezó a cambiar con la derogatoria del sistema promocional del agro. En la actualidad no hay nuevas inversiones y si bien las agroexportaciones siguen creciendo nominalmente cada año se debe a un asunto de precios y mercados, porque en número de toneladas exportadas todo se ha estancado. En cuanto a empleo se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales.

En el intento de descapitalizar el campo y desalentar nuevas inversiones la izquierda en la nueva ley agraria (Ley 31110) estableció un Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA) del 30% de la Remuneración Mínima Vital sobre el salario agrario. Es decir, un costo fijo salarial al margen de la productividad y la rentabilidad de las empresas agroexportadoras como si los empleos se crearán por ley o por decreto de los cielos. Igualmente, la nueva normatividad agraria promueve la sindicalización y la negociación por rama de los trabajadores no obstante que las empresas solo abarcan el 5% del total de las tierras dedicadas a la agricultura. En otras palabras, ni rastro de la flexibilidad laboral anterior a la luz de estas medidas. Es decir, las izquierdas pretenden desaparecer las reducidas islas de modernidad y eficiencia agrícola, en vez de generalizarlas en todo el campo, sumido en gran mayoría en una agricultura de sobrevivencia.

Eliminar la flexibilidad laboral y el sistema tributario promocional entonces han sido dos verdaderas bombas nucleares en contra de la prosperidad agrícola. Es hora de que los partidos políticos y las élites nacionales entiendan que si no se capitaliza el campo, el Perú será una sociedad sin balances, poblada de islas de riqueza, eficiencia y modernidad, pero rodeada de mayorías en pobreza y en estancamiento general. Y como todos sabemos una situación de este tipo siempre empuja a los países hacia las alternativas del antisistema.