Cajamarca: la pobreza sobre los más ricos yacimientos de cobre

Cajamarca enfrenta una gran contradicción. Es una de las regiones más ricas en recursos minerales del Perú, pero también una de las más pobres. En 2024, el 45% de su población vivía en condiciones de pobreza monetaria, según datos del INEI, superando incluso a Loreto. Además, 16 de los 20 distritos más empobrecidos del país se encuentran en esta región. Este escenario no es nuevo: desde 2022, Cajamarca encabeza los indicadores de pobreza a nivel nacional, reflejo de una economía sin dinamismo ni fuentes sostenibles de crecimiento.

Una de las principales razones detrás de esta situación es la paralización de varios proyectos mineros de gran escala. El caso más conocido es el del proyecto Conga, frenado desde 2011 debido a conflictos sociales y falta de consenso. Esta y otras postergaciones han impedido que los recursos del subsuelo se traduzcan en mejoras reales para la población.

Paradójicamente, Cajamarca concentra el 33.9% de la cartera minera del país, con iniciativas valoradas en más de 18 mil millones de dólares. En esta cartera destacan proyectos como Conga, Galeno, La Granja y Michiquillay, ubicados en la franja conocida como el “cinturón de cobre del norte”. Estos yacimientos tienen el potencial de aportar hasta 1.5 millones de toneladas métricas de cobre anuales, lo que representaría un impacto decisivo no solo para la región, sino para toda la economía peruana.

Entre estos proyectos Michiquillay es el que despierta mayores expectativas por su grado de avance y sus proyecciones económicas y sociales. Fue adjudicado en 2018 a la empresa Southern Perú y representa una de las principales apuestas mineras del país. Sus reservas superan los 2,280 millones de toneladas de mineral con una ley de 0.43% de cobre. Se estima que generará unas 225,000 toneladas métricas de cobre al año, junto con subproductos como oro, plata y molibdeno. La inversión proyectada supera los US$ 2,500 millones, con la promesa de crear más de 83,000 empleos, entre directos e indirectos.

Los proyectos mencionados tienen el potencial no solo de impulsar la producción nacional de cobre —clave para recuperar el liderazgo global que el Perú cedió recientemente a la República Democrática del Congo—, sino también de ser el motor de una transformación económica más amplia. Si se gestiona adecuadamente, Michiquillay podría convertirse en el corazón de un clúster minero que cambie el rumbo de Cajamarca y siente las bases de un desarrollo regional más sólido y equitativo.

La idea de un clúster minero implica mucho más que una mina operativa. Se trata de construir un ecosistema industrial completo, que incluya infraestructura común, servicios logísticos eficientes, empresas proveedoras especializadas y redes de industrias complementarias que generen sinergias. Un ejemplo inspirador es Antofagasta, en Chile, que gracias a este enfoque se transformó en un referente mundial de minería e innovación tecnológica.

En el caso de Cajamarca, este ecosistema tendría como núcleo a Michiquillay, integrando también a Galeno, La Granja y el aún pendiente Conga. Un elemento clave para su viabilidad sería la construcción de una vía férrea que conecte estos yacimientos con el puerto de Bayóvar. Esta conexión logística permitiría reducir los costos de exportación, mejorar la competitividad y abrir espacio para nuevas actividades económicas en la región.

La minería, bien articulada, puede arrastrar consigo a otros sectores. Si el clúster se enlaza con industrias como la metalurgia, la manufactura, los servicios técnicos y hasta la agroindustria, Cajamarca podría diversificar su economía, generar empleo calificado y reducir su dependencia de los vaivenes de los precios internacionales de los metales. Esa diversificación es clave para asegurar un desarrollo más resistente y equilibrado.

Además, el escenario internacional presenta una coyuntura favorable. La demanda global de cobre está en alza, impulsada por la transición hacia energías limpias y tecnologías sostenibles. Este contexto eleva el valor estratégico de proyectos como Michiquillay, que pueden convertir al Perú en un jugador decisivo en los próximos años si se actúa con visión y coordinación.

Claro está, ningún megaproyecto minero está libre de retos. El éxito de Michiquillay y del clúster en general dependerá de su capacidad para operar con responsabilidad ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el proyecto marca un primer paso en esa dirección, al comprometerse con prácticas modernas de manejo de recursos, control de emisiones y protección de fuentes hídricas. Su cumplimiento será esencial para evitar conflictos y fortalecer la relación con las comunidades locales.

Con una planificación seria, una gestión eficiente y una participación ciudadana real, Cajamarca podría dejar atrás décadas de pobreza estructural. La creación de un clúster minero no es una utopía ni una promesa vacía: es una estrategia factible que podría redefinir el futuro de la región. Pero para que eso ocurra, se necesita voluntad política, responsabilidad social y, sobre todo, decisiones firmes.