¡La izquierda sin patria ni solidaridad en contra de agroexportaciones!

La feroz campaña en contra de la aprobación de una nueva ley que promueva las inversiones en las agroexportaciones, que han iniciado diversas oenegés y sectores de izquierda, estremece por su frivolidad, por su falta de idea de patria y peruanidad, y por la ausencia de solidaridad social con los pobres del sector rural. 

En vez de promover una agenda para enfrentar el abandono del Estado a más de dos millones de minifundistas, que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura, estos sectores levantan una serie de leyendas y mentiras en contra de la agroexportación –que apenas se desarrolla en el 5% de las tierras agrícolas–, acerca de que no se cumplen con las leyes laborales, no se respetan derechos sociales ni vacaciones.

En el Perú rural únicamente la agricultura moderna, las agroexportaciones, han desatado círculos virtuosos en contra de la pobreza y exclusión. Desde la vigencia de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360) hasta su derogatoria por el gobierno provisional de Sagasti, por ejemplo, los empleos formales se incrementaron de 460,000 –entre directos e indirectos– a más de un millón. Igualmente, el promedio del salario agrario superó largamente a la remuneración mínima vital nacional. De allí que la pobreza en las regiones agrarias bajara por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, este flagelo afecta al 6% y el promedio en el país llega al 29% de la población.

Gracias al régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, algunas empresas agroexportadoras llegaban a contratar entre 15,000 y 20,000 trabajadores –con todos los derechos sociales y laborales incluidos– por campaña (siembra, mantenimiento y cosecha). La ley pro empleo, pro reducción de pobreza, fue derogada de manera absurda e inexplicable.

Luego de la mencionada derogatoria se aprobó la Ley 31110, que, de una u otra manera, elimina o relativiza la flexibilidad laboral a favor de formas de estabilidad laboral. Por ejemplo, se establece la bonificación especial del trabajador agrario (BETA), de un 30% sobre la remuneración mínima vital nacional, se promueve la sindicalización y negociación por rama y se promueve la contratación preferencial de los trabajadores. ¿Qué sistema de flexibilidad laboral puede existir bajo estos criterios?

Es evidente que la propuesta de las oenegés anticapitalistas en contra de las empresas agroexportadoras, de una u otra manera, busca establecer un sistema de estabilidad laboral regido por sindicatos y demandas, al margen de la productividad de las empresas agrarias. Vale anotar que los costos laborales de las agroexportadoras suman entre 50% y 60% del total de sus costos; y en este contexto, reclamar “derechos” –como lo hacen las izquierdas progresistas y comunistas– al margen de la productividad y la economía real es alentar la estatización de las agroexportadoras.

El objetivo de estas oenegés entonces no es reclamar “derechos” sino detener la aprobación de una ley que establezca regímenes tributarios y laborales promocionales con el objeto de alentar nuevas inversiones y la expansión del empleo formal en la agricultura. Para entender la magnitud del problema es necesario señalar que desde la derogatoria de la ley de Promoción Agraria se ha dejado de invertir en 30,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto, y desde el año pasado ya se registran pérdidas de 100,000 empleos formales por mes.

De alguna manera, pues, en estas campañas se constata una falta de idea de país y una ausencia total de solidaridad con los pobres del área rural.