La flexibilidad laboral y el sector agrario en el Perú

Una de las grandes reformas que debe enfrentar el Perú es la reforma del sistema laboral con el objeto de establecer la flexibilidad en los contratos de trabajo, tal como sucede en todos los países desarrollados que han alcanzado el pleno empleo y el bienestar de los trabajadores. En Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y los países nórdicos en general los contratos de trabajo son absolutamente flexibles más allá de que el Estado desarrolle diversos tipos de seguro de desempleo y de seguridad social.

Reconocer que en los mercados los contratos de trabajo deben ser flexibles, es decir que el despido es una posibilidad que depende de la situación de las empresas es reconocer que un empleo no es una fruta que se cosecha a voluntad, no es una posición que depende del financiamiento estatal, sino que es resultado de la productividad y la rentabilidad de las unidades económicas del mercado. En otras palabras, el empleo en los países desarrollados depende principalmente del sector privado y he allí que la legislación laboral debe reconocer esta realidad.

Paradójicamente para quienes defienden la estabilidad laboral en el empleo –a contracorriente de la flexibilidad– los trabajadores y ciudadanos del mundo suelen emigrar de países con legislaciones laborales sobrerreguladas a países que establecen legislaciones laborales abiertamente procapitalistas. Por ejemplo, todos quieren emigrar a los Estados Unidos.

En el Perú una resolución del Tribunal Constitucional del 2001 estableció que el trabajador despedido podía optar entre la indemnización establecida en la ley o la correspondiente reposición en el puesto de trabajo. De esta manera en nuestra legislación, a pesar del espíritu desregulador del régimen económico de la Constitución, se instaló una forma de estabilidad laboral absoluta. En el Perú la informalidad laboral afecta a más del 70% de los trabajadores o a más de 12 millones de trabajadores.

La legislación laboral que no puede ser reformada por las narrativas predominantes entre los políticos y los partidos, entonces, es un fracaso de principio a fin. Sin embargo, hubo un tiempo en que la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que establecía la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo demostró que era un poderoso motor de formalización laboral. En el 2004 se registraban alrededor de 460,000 empleos entre directos e indirectos vinculados al sector agroexportador. Luego de dos décadas de vigencia de la norma los empleos directos e indirectos vinculados al sector sobrepasaban los 1.5 millones.

Por otro lado, en regiones agrarias como Ica se llegó al pleno empleo y la remuneración promedio de los trabajadores superó largamente a la remuneración mínima vital establecida a través de la ley. Asimismo, en todas las regiones agrarias el promedio de la pobreza monetaria se ubicaba debajo del promedio nacional. En Ica, por ejemplo, la pobreza es del orden del 6% de la población mientras que a nivel nacional está en 27%.

Los resultados de la flexibilidad laboral, pues, son incuestionables. Sin embargo, los políticos y las izquierdas avanzan en sentido contrario. Durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti se derogó la Ley de Promoción Agraria y se aprobó una norma que estableció un Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA) que agregaba el 30% de la remuneración mínima vital al salario agrario. El resultado: Las empresas pequeñas se deslizaron a la informalidad y las más grandes buscaron mecanizarse para reemplazar los miles de trabajadores que contrataban por temporada con todos los derechos sociales.

Algo más. La norma colectivista de Sagasti promovía la negociación de sindicatos por rama y la contratación preferencial de los trabajadores previos. En otras palabras, eliminaba sustancialmente la flexibilidad laboral.

Si bien las agroexportaciones siguen creciendo por diversos factores –no hay nuevas inversiones significativas– y si bien el empleo formal acaba de registrar cifras en azul, el Perú ha apagado uno de los motores centrales de formalización laboral en la sociedad. Se calcula que cada mes se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales.