La burocracia y los trámites ahogan a la economía

A estas alturas los trámites burocráticos establecidos en los protocolos sanitarios han comenzado a convertirse en el principal enemigo del país. De alrededor de 200,000 empresas proyectadas para operar en la llamada “fase dos” del plan de reactivación, solo 8,000 lograron las autorizaciones respectivas. En la medida que en abril pasado la economía operaba solo en un 35% o 40%, la fase dos contemplaba movilizar al 65% del aparato productivo. Ese objetivo no será posible por la frivolidad y la indolencia de los burócratas, que no tienen la menor idea sobre cómo funciona la economía, cómo se crea un empleo ni cómo evitar que aumente la pobreza. 

¿Cuál es la explicación de esta tragedia? El Ejecutivo estableció que toda actividad económica debería tener una autorización previa de la burocracia, y se restringió el comercio electrónico y el delivery solo a Lima. Cada autorización, según diversos empresarios, implica hasta siete engorrosos procedimientos, con el riesgo de que la municipalidad respectiva cierre el negocio si no está de acuerdo con los procedimientos o porque la resolución de autorización no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano. ¿En qué momento el Perú se transformó en una especie de Unión Soviética, en que no solo se restringen determinadas libertades, sino que se ahoga el derecho a invertir, a trabajar, a sobrevivir?

De esta manera, es evidente que este año el PBI caerá en alrededor del 15%, se destruirán dos millones de empleos y más de tres millones de peruanos caerán en la condición de pobreza (alcanzando un total de nueve millones de personas). La indolente tramitología burocrática hoy comienza a explicar que el PBI haya caído 16.5% en marzo mientras que en Chile descendió solo en 3.6%. En abril la cifra ha sido catastrófica: se perdió alrededor del 35% del PBI.

El Ejecutivo debe corregir inmediatamente esta tramitología soviética que han impuesto los burócratas de Salud, luego de haber fracasado en la estrategia de contención de la pandemia. Es hora de aprobar una guía o plan sanitario que contemple las reglas generales que deben cumplir las empresas: el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el permanente lavado de manos. Si las empresas incumplen, entonces la autoridad debe sancionar y cerrar el negocio. ¿Qué empresario va a querer que su actividad sea clausurada?

De otro lado, la informalidad de la sociedad y la economía debería implicar que el Estado busque aliarse con las organizaciones populares para organizar al negocio informal en las arterias de la ciudad. Cualquier prohibición frontal solo llevará a la desobediencia civil de la gente que sale a comprar y vender, desafiando al Covid-19, ante la posibilidad de morir de hambre. Cuando hablamos del Estado nos referimos tanto al Ejecutivo como a los gobiernos regionales y a los alcaldes. 

El alcalde Forsyth de La Victoria, por ejemplo, en vez de colisionar con los ambulantes ya debería haber trazado cuadrantes en todas las calles de Gamarra para establecer la distancia social entre vendedores y compradores, y así organizar en algo la marea social que sale a buscar el sustento diario, luego de haberse parado la economía tres meses y medio. No señalamos que por allí va la solución, sino que invocamos a las autoridades y a los políticos a entender la informalidad. No se trata de una actitud cultural de simple desobediencia, sino de una estrategia desesperada por evitar la muerte por hambre ante una sobrerregulación inalcanzable y las malas leyes que arrojan a los pobres fuera de la legalidad.

Es hora de entender que sin economía no hay sociedad. Nunca la hubo ni la habrá. La gran mayoría de peruanos se ha declarado en desobediencia civil frente a la estrategia del Ejecutivo de cerrar la economía por tres meses y medio. No es posible. Igualmente se está declarando en desobediencia civil frente a la sobrerregulación, el trámite y el protocolo. El Ejecutivo debe recoger el pronunciamiento incuestionable de la abrumadora mayoría y simplificarlo todo.