¡La barbarie de derogar la ley más proempleo de la historia del Perú!

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) –perpetrada por el Gobierno provisional de Francisco Sagasti, y la también presidente provisoria del Legislativo, Mirtha Vásquez– es posiblemente una de las mayores barbaries económicas y sociales de la historia del Perú, al lado de las expropiaciones del velasquismo y los recientes y asaltos y bloqueos de las minas del Perú. ¿Por qué? Durante dos décadas de vigencia de la Ley 27360 se aumentó el empleo formal en más de 150%.

La Ley de Promoción Agraria establecía un régimen laboral flexible que permitía contratar de acuerdo a la estacionalidad de las actividades agrícolas: siembra, mantenimiento y cosecha. De alguna manera el régimen laboral de la Ley 27360 replicaba los milagros económicos y sociales de los llamados tigres del sudeste asiático y de los países desarrollados, que se basan en la flexibilidad laboral. Los resultados de la Ley 27360 son incuestionables: en el 2004 en el agro existían 460,000 empleos –entre directos e indirectos– en tanto que, en la actualidad, hay más de un millón de trabajadores formales (con todos sus derechos sociales), entre directos e indirectos.

Por otro lado, el salario de un trabajador agrario calificado llega a superar largamente el de los trabajadores del régimen común nacional, mientras que la pobreza en las regiones agroexportadoras descendió por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, se llegó al pleno empleo y la pobreza descendió debajo del 10% (en el país la pobreza siempre estuvo sobre el 20% de la población).

¿Cómo fue posible que el Gobierno provisional y progresista de Sagasti se aliara con la conducción comunista del Legislativo de Vásquez para derribar la mejor ley proempleo de la historia del Perú? La única explicación: la hechicería marxista que llega a hacer creer que “los trabajadores producen la riqueza”. Una magia colectivista que ya empobreció el campo con las expropiaciones velasquistas. La historia nos demuestra que sin el innovador, sin el empresario, no hay riqueza.

Bajo el hechizo marxista se promulgó la Ley 31110 que relativiza y termina cancelando la flexibilidad laboral. Se estableció, por ejemplo, que la empresa está obligada a contratar al trabajador por los antecedentes laborales previos y se estableció un régimen de negociación colectiva propio, al margen del régimen general. Pero he aquí lo más grave: se estableció una bonificación extraordinaria del trabajador agrario (BETA), que agrega una bonificación del 30% sobre la remuneración mínima vital (RMV). En otras palabras, cada vez que se incremente la RMV el impacto en los costos laborales agrarios será el propio incremento del ingreso mínimo más el 30% de bonificación. Es imposible que las empresarias agrarias soporten semejantes incrementos, a menos que acepten expropiaciones de facto.

La derogada Ley de Promoción Agraria incentivaba la contratación masiva de empleo formal antes que la mecanización de los fundos agrarios. Por estas consideraciones, los costos laborales en las agroexportadoras representaban entre el 50% y 60% de los costos totales, mientras que los de la minería, construcción y textiles están en el orden del 30%.

La derogatoria de la Ley 27360 es una de las explicaciones de que no haya nuevas inversiones en el sector agrario y, desde el 2024, se avizore el declive (terminada la inercia de los emprendimientos anteriores) general del milagro agroexportador en el Perú.

Una vez más la magia marxista, esa especie de combinación de religiones profanas y chamanismo económico, explica que se frene el incremento general del bienestar en el agro y comience una etapa de aumento de pobreza. No obstante que la tragedia ya sucedió con el velascato, la alianza progresista-comunista insiste con la fábula acerca de que “los trabajadores crean la riqueza” y “los empresarios son unos viles explotadores”.

Así como se defiende el Estado de derecho, el Congreso debería restablecer, en el acto, la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria.