La amenaza del minifundio en la agricultura

Las protestas de los productores de papa, exigiendo que el Estado les compre la sobreproducción, tiene su origen en el avance del minifundio en el Perú. Si bien el país tiene una agricultura moderna, la mayor parte de la extensión agrícola se desarrolla como si estuviera excluida de los mercados nacionales y globales. Una de las causas principales de esa situación es el minifundio.

Según el IV Censo Nacional Agrario del INEI (2012), el promedio de la unidad agropecuaria en el Perú era de dos hectáreas, no obstante que en el censo de 1993 era de 3.2 hectáreas (ha). Igualmente las unidades menores a 10 hectáreas suman más del 95% de las propiedades agrícolas. Según el mismo censo 1.26 millones de productores agrarios, calificados como personas naturales, son poseedores de unidades agropecuarias de entre 0.5 ha y 1.9 ha, que representan el 55.71% del total de productores agrarios.

De otro lado, algo interesante es constatar que de un total de 2.26 millones de productores agropecuarios, 2.25 millones son personas naturales y apenas 2,980 son personas jurídicas de diversas índoles. El resto se distribuye entre cooperativistas, comuneros campesinos y nativos y otras formas asociativas.

¿Qué significa semejante data? Que en el Perú avanza el minifundio, a contracorriente de las iniciativas de la izquierda (que pretenden frenar una supuesta “concentración de tierras”) y de las modalidades organizativas empresariales. Estas últimas posibilitan las grandes inversiones, la producción en gran escala, el incremento de la productividad y la competitividad, y —por lo tanto— la generación de empleos. Pero tienen un desarrollo limitado a áreas de la costa.

¿Cómo explicar el avance del minifundio y la falta de modernidad agrícola? Es incuestionable que en el agro existe una ausencia de derechos de propiedad, que permitirían que las personas jurídicas se conviertan en titulares de los predios, en vez de las personas naturales. La fragmentación de la propiedad es producto de la división de la herencia familiar que distribuye lotes en vez de distribuir formas de participación en una empresa, algo que posibilitaría mantener la unidad de los lotes agrícolas.

La ausencia de derechos de propiedad no permite organizar la infraestructura institucional y legal de los mercados en el campo para que los campesinos se integren a los mercados nacionales e internacionales, como sucede en las áreas modernas de la agricultura. En este contexto, la ausencia de créditos para la agricultura revela la persistencia de la agricultura de subsistencia.

Igualmente es innegable que el Estado no invierte en infraestructura para conectar enormes áreas del campo. La situación del 95% de los pequeños productores se complica por la falta de conectividad vial, pues se estima que este sector se ubica en la sierra de 19 departamentos del país y el 5% en la costa. Lugares donde, además, la corriente eléctrica es un servicio irregular y la cobertura de Internet mínima.

De otro lado, el Estado no desarrolla un sistema de información que posibilite a los productores conocer sobre los niveles de producción y las respectivas demandas en los mercados. Iniciativas de este tipo evitarían sobreproducciones absurdas.

Así como en los departamentos que han desarrollado una importante actividad agroindustrial —produciendo, por ejemplo, arándano en La Libertad y Lambayeque; pimiento piquillo y limón en Piura; cacao en Ucayali y San Martín; arroz cáscara en Piura, San Martín y Piura; maíz amarillo duro en Áncash, Ica y Loreto, y papa en Lima, Huánuco y Áncash— también titulando e impulsando la asociatividad entre los productores se puede ofrecer al mundo mashua, oca, habas, olluco, tumbo y otros productos en cantidades exportables. Se diversificaría más la oferta agrícola peruana.

En cualquier caso, ha llegado la hora de llevar la modernidad agrícola, que solo se concentra en determinadas áreas de la costa, a todo el agro nacional. Es la única manera real de reducir pobreza.