Si en el Perú se tuviese que desarrollar un inventario ...
Todo indica que el Ejecutivo seguirá desarrollando salvatajes o rescates financieros –cualquiera sea la denominación– de Petroperú, la petrolera estatal, una empresa pública quebrada y sin ninguna viabilidad. Después de los sucesivos rescates financieros de la petrolera estatal que, desde el 2016 hasta la fecha acumulan aproximadamente US$ 5,000 millones, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, ha anunciado que ya no se va por “un nuevo rescate financiero”, sino por una “reestructuración financiera de la petrolera estatal”. Eufemismos más, eufemismos menos, a nuestro entender, los peruanos de buena voluntad deberían llegar a la conclusión de que la mejor salida para el país es asumir el costo de una privatización en la que el Estado y los peruanos asumiremos los pasivos de las clientelas y francachelas de la petrolera estatal.
La idea de una reestructuración financiera de Petroperú –en la medida que no hay créditos externos de por medio– se debería entender como la decisión del Estado de asumir los pasivos de la Petroperú; es decir, el Estado otorgaría garantías soberanas a las deudas irresponsables de la petrolera estatal. También podría entenderse como el desangramiento interno del Banco de la Nación a través de créditos y garantías a la petrolera estatal. Cualquiera sea el camino de la llamada reestructuración de Petroperú el proceso presionará sobre el aumento innecesario de la deuda pública o el descontrol del déficit fiscal. En los dos últimos años el país ha incumplido la regla fiscal.
Como todos sabemos los estados financieros de una corporación son las herramientas para proyectar operaciones futuras de una empresa. En el caso de Petroperú los estados financieros sirven para analizar la posibilidad de un reflotamiento, salvataje o reestructuración financiera, que relance a la compañía y supere el perpetuo desangramiento de los recursos fiscales. César Gutiérrez, especialista en energía e hidrocarburos, señala que las futuras operaciones de Petroperú dependen de cinco variables: carga financiera, gastos de ventas, gastos administrativos, gastos operativos y margen de refinación neto.
Gutiérrez asevera que la suma de gastos en ventas, en gastos administrativos y operativos representa US$ 302 millones anuales. Asimismo, la carga financiera, entre las que se cuenta el pago a los bonistas, crédito sindicado, crédito del Banco de la Nación, línea de crédito para cartas de crédito, línea de crédito para gastos de importación y préstamo para servicio de deuda a diciembre 2024 representa un total de US$ 384 millones.
En este contexto, una semana atrás se presentaron los estados financieros de Petroperú auditados por Price Waterhouse y la conclusión inevitable es que con semejantes obligaciones Petroperú carece de viabilidad. Únicamente es una carga para el futuro que presionará sobre el déficit fiscal y el aumento irresponsable de la deuda pública,
Planteada las cosas así el mal menor para el Estado es asumir las obligaciones que, inevitablemente, nos dejará la irresponsable gestión de las izquierdas en Petroperú y proceder a su privatización lo más antes posible. Es la única manera de cortar el desangramiento de recursos fiscales al infinito que genera la petrolera estatal.
Una propuesta de un sector privado nos señala que Petroperú es viable si los privados se hacen cargo de la restructuración de la empresa. Es una manera de seguir prolongando la crisis y la sangría del fisco. La única manera de resolver el problema, entonces, es que el Estado asuma los costos de haber mantenido una empresa estatal quebrada y se proceda a vender al sector privado. No hay otra. Lo demás es irresponsable.
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