La agenda económica del nuevo Gabinete

Al margen de quién sea el nuevo ministro de Economía es evidente que la administración de Martín Vizcarra la tendrá difícil, por decir lo menos. El 2017 el déficit fiscal trepó hasta 3.2% del PBI y se prevé que el 2018 el déficit podría sumar 3.5% del PBI. Y de una u otra manera, los fundamentos macroeconómicos que organizaron la economía en los últimos 25 años entrarían en cuestión.

Si a este hecho le sumamos que la deuda pública ya bordea el 26% del PBI, la temida cifra de una deuda del 30% del PBI no está demasiado lejos. Si llegamos a estos números, el mundo para el populismo se volverá ancho y ajeno, porque siempre será extremadamente complicado hablar de un ajuste o de la continuidad del gasto público, como suelen recetar todos los estatismos y colectivismos que han convertido en puré la prosperidad de sociedades como Venezuela, el Brasil de Luna y la Argentina de Kirchner.

El primer Gabinete de la administración Vizcarra, entonces, tiene una agenda de primer orden: salvar los fundamentos macroeconómicos del Perú y desarrollar una nueva ola de reformas para relanzar el crecimiento. Al respecto César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, señala que una tarea de primer orden para enfrentar los nubarrones macroeconómicos es delinear una reforma tributaria integral, sobre todo aprovechando el respaldo o la luna de miel de la que gozará el gobierno Vizcarra.

Precisa Peñaranda que se debería pensar en reestructurar la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), alejándola de responsabilidades innecesarias como, por ejemplo, el control de insumos químicos. Igualmente Peñaranda propone revisar las tasas impositivas de los principales impuestos para encontrar soluciones efectivas al problema de la caída de la recaudación. Finalmente, plantea eliminar todas las exoneraciones que acrecientan el forado fiscal.

Sin bien es dramático y urgente volver por la senda de los fundamentos macroeconómicos que le han permitido al Perú triplicar su PBI, reducir la pobreza (del 60% de la población a solo 20%), expandir las clases medias y el bienestar, resulta incuestionable que la caída de la recaudación no solo se explica por malas decisiones de coyuntura, sino porque los cuatro gobiernos democráticos que sucedieron al fujimorato no han sido capaces de lanzar una segunda ola de reformas que incrementen la competitividad de nuestra economía. Esta falta de reformas, por ejemplo, lleva al Banco Central de Reserva a reducir el crecimiento del PBI potencial de 4% a solo 3.5%. Es decir, el Perú avanza como el cangrejo.

Todas las sociedades de ingreso medio —como la peruana—, luego de reducir pobreza considerablemente, gracias a una primera ola de reformas (las desregulaciones de los noventa en Perú), de pronto ya no pueden seguir pagando salarios bajos como los países pobres ni tampoco pueden competir con las economías desarrolladas, por la escasa diversificación de su aparato productivo. En este contexto, existe una disyuntiva: o se inicia una nueva oleada de reformas que relance el crecimiento y la inversión o se cae en la temida trampa de ingresos medios, que lentifica el crecimiento, vuelve a aumentar la pobreza e impulsa a la sociedad hacia las recetas estatistas y populistas.

El Perú ha lentificado su crecimiento por falta de una nueva generación de reformas, pese a las inmejorables condiciones de la economía internacional. Necesitamos, pues, abordar la reforma de nuestras instituciones para incrementar la gobernabilidad y contar con una justicia predecible, solucionar los problemas de infraestructura y abordar la reforma educativa y de salud para contar con una fuerza laboral innovadora que nos enganche con la IV Revolución Industrial.

En cualquier caso el nuevo Gabinete de Vizcarra tiene la oportunidad de pasar a la historia o quedar como un simple registro del calendario.