Informalidad minera sigue aumentando

En Puno la comercialización del oro, casi en un 100%, se hace a través del contrabando con Bolivia. Hoy los comerciantes bolivianos llegan a Puno a comprar el oro, y antes los puneños iban a Bolivia a vender. La informalidad se ha disparado, sobre todo luego de que se eliminara el sistema de liquidación de compra que permitía a las plantas de beneficio —que compran la producción de los mineros artesanales— retener el 4% de la venta por concepto de renta. La misma explosión de la informalidad se ha producido en Madre de Dios, con la consiguiente destrucción del medio ambiente, incluso en zonas de reservas.

¿Cómo explicar esta situación? La respuesta parece ser evidente. Por ejemplo, mientras los canillitas, los emolienteros, los lustrabotas y ahora los bodegueros —más allá de los aciertos y errores— tienen leyes que los protegen y fomentan sus actividades, los mineros artesanales enfrentan hasta nueve leyes que buscan criminalizarlos. Increíble.

Una de las normas más llamativas, en cuanto a voluntad de excluir a los mineros artesanales de la formalización, es el Decreto Legislativo 1100, promulgado durante el nacionalismo a iniciativa del ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Este decreto señala que si un minero artesanal pretende formalizarse debe presentar las últimas cinco declaraciones anuales, los contratos de explotación, el cálculo de las reservas probadas, los libros contables, el respectivo RUC y otros requisitos que se exigen a la mediana y gran minería. ¿Qué minero informal puede presentar estos requisitos? Ninguno. En otras palabras, se pretende formalizar a los más de 400,000 mineros artesanales con los criterios de la gran minería.

En la clase de normas que señalamos está la explicación de que solo 5,000 pequeños mineros tributen al Estado. Es decir, 395,000 está en situación de informalidad. En este portal hemos informado que en el país se producen entre 3,000 y 5,000 kilos de oro mensuales. Con esa aproximación se calcula que se han exportado informalmente alrededor de US$ 15,000 millones desde el 2012 hasta la fecha.

La creciente demonización en contra de los mineros artesanales los presenta prácticamente como delincuentes. Y eso ha determinado que organismos del Estado como la SUNAT, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) —que depende del Ministerio del Medio Ambiente—, la policía y la Fiscalía desaten persecuciones injustas contra los pequeños productores. En estas entidades se prioriza la sanción, la multa, la pérdida de dominio, las interdicciones, antes que una política de formalización e inclusión. De alguna manera se busca que todas las actividades informales sean calificadas como “minería ilegal” para aplicar el Decreto Legislativo 1244, que incorpora los delitos de minería ilegal a los delitos de crimen organizado.

Es incuestionable entonces que el Gobierno de Vizcarra sigue manteniendo toda la normatividad que promulgó el nacionalismo y que ha fracasado en todas las líneas en la formalización de los mineros artesanales. Por ejemplo, de un total de 400,000 pequeños productores, solo 70,000 firmó una declaración de compromiso para formalizarse, pero apenas 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento legal. Finalmente solo 113 mineros artesanales lograron la plena formalización.

Si el Estado sigue excluyendo a los mineros artesanales, esta vasta fuerza social proempresarial y proinversión terminará influenciada por las propuestas antisistema, que ya desarrollan todo tipo de estrategias para representar las demandas de los mineros informales. Terrible.