Hasta hoy nadie explica por qué se derogó la Ley de Promoción Agraria

Las corrientes comunistas y progresistas siempre apuntaron a derribar la Ley de Promoción Agraria (ley 27360), una norma que, en dos décadas de vigencia, hizo posible el milagro agroexportador peruano. Los argumentos de la izquierda en contra de esta norma, que finalmente lograron derogar durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez, no existen o son absurdos, más allá de la propaganda y la desinformación. Unas decenas de violentistas que bloquearon la Panamericana Sur en Ica lograron derribar la mejor ley económica de la historia republicana. 

Las izquierdas anticapitalistas solían criticar a la Ley 27360 porque establecía un régimen tributario especial (15% en renta) y un sistema de flexibilidad en los contratos de trabajo. La propaganda comunista y progresista señalaba que el régimen tributario atentaba contra de la recaudación fiscal del Estado. Una suma de burdas mentiras. En dos décadas de vigencia las agroexportaciones se incrementaron de US$ 621 millones a más de US$ 10,000 millones en el 2022. El volumen exportado se incrementó en más de 1,000% y, por lo tanto, la recaudación fiscal en renta se incrementó como nunca en la historia. La mencionada ley, entonces, era la mejor herramienta para aumentar los ingresos estatales.

Igualmente se argumentaba que la flexibilidad laboral que permitía contratar de acuerdo a los ciclos de la actividad agraria (existen empresas que contratan hasta 10,000 trabajadores formales por campaña) desprotegía al trabajador y lo condenaba a la precariedad. Otra suma de leyendas y mentiras. Según diversas investigaciones, en el 2004 existían 460,000 empleos formales directos e indirectos vinculados al sector agrario. En la actualidad hay más de un millón de empleos formales, directos e indirectos, vinculados a las agroexportaciones. ¿Cómo que se desprotegía al trabajador?

La Ley 27360 era una ley pro-empleo que buscaba la contratación masiva formal de trabajadores antes que la inversión de las empresas en maquinarias. La formalidad del empleo agrario se incrementó en más 150% y la pobreza en las regiones agroexportadoras se redujo muy por debajo de la media nacional, que siempre se ubicó por encima del 20% de la población. En Ica, una región agroexportadora emblemática, se llegó a bajar la pobreza al 10% y el pleno empleo incrementó los salarios muy por encima de la remuneración mínima establecida por el Estado.

Otra de las grandes mentiras de la izquierda anticapitalista en contra de la Ley de Promoción Agraria fue que solo favorecía a las empresas agroexportadoras. Una mentira despiadada, sobre todo en contra de los más de dos millones de minifundistas que buscan formalizar sus predios, sus negocios y sus contratos. Al respecto vale señalar algo muy relevante para este punto: el milagro agroexportador se desarrolla en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura; sobre todo en los predios ganados al desierto a través de los proyectos hídricos. El 95% de las tierras restantes están conducidas por más de dos millones de minifundistas de menos de cinco hectáreas.

La derogada Ley de Promoción Agraria y sus regímenes tributario y laboral promocionales era la mejor herramienta para formalizar a los minifundistas, que suelen desarrollar una agricultura familiar de sobrevivencia. Si el Estado resuelve los problemas de los títulos de propiedad del minifundio, si se construye las urgentes infraestructuras hídricas y carreteras y si se fomenta la asociatividad para crear economías de escala, el minifundio avanzaría a formalizarse y a beneficiarse de los criterios promocionales de la Ley 27360 y los 22 tratados de libre comercio, que han creado mercados de más de 5,000 millones de consumidores para los productores nacionales.

Por todas estas consideraciones el Congreso debe restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria al término de la distancia.