Falta de ley de promoción agraria, ¡traición al Perú!

Desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) el Perú ha perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas ganadas al desierto, según informaciones de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP). Y por otro lado, desde los últimos meses del año pasado se percibe una disminución de 100,000 empleos formales cada mes, en el más de un millón, entre directos e indirectos, que crea el sector agroexportador.

Considerando que el milagro agroexportador del Perú –que posibilitó incrementar las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones y que aumentó en más de 1000% las posibilidades de recaudación del Estado– se ha desarrollado en apenas 250,000 hectáreas (el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura), perder inversiones en 30,000 hectáreas es un verdadero crimen social causado por el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la también conducción provisional del Legislativo, a cargo de Mirtha Vásquez. ¿Cuántos empleos y cuánto en reducción de pobreza se ha perdido por la ideología progresista de un Ejecutivo provisional y una mesa directiva del Legislativo provisional que nacieron de un golpe de masas?

Luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo y de las olas de violencia insurreccional, que pretendían quebrar el Estado de derecho, se suponía que el Perú iba a volver por la senda del crecimiento y la estabilidad institucional. No sucede ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que las bancadas de la centro derecha, protagonistas principales en la derrota del golpe de Castillo, no se atrevan a derogar normas abiertamente en contra de la inversión o aprobar leyes que fomenten las inversiones y relancen el crecimiento. Una abstención que se vuelve dramática ahora que la pobreza ha aumentado al 29% de la población.

Una de esas normas claves para el país es una nueva ley de promoción que reedite lo mejor de la derogada Ley de Promoción Agraria (27360) en cuanto a régimen tributario y régimen laboral. Con la Ley 27360 se estableció un régimen promocional de impuesto a la renta del 15% que, en dos décadas, posibilitó captar US$ 20,000 millones en inversiones, mientras que las empresas nunca dejaron de reinvertir las utilidades. Con estas inversiones ganó el Estado con el incremento de la recaudación y las provincias del interior con la creación de empleo formal y reducción de pobreza.

El régimen laboral de la derogada ley establecía la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Las empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por temporada (siembra, cosecha y mantenimiento) con todos los derechos sociales reconocidos. Asimismo, la remuneración promedio se ubicaba por encima del mínimo vital nacional y, en las regiones agrarias la pobreza descendió por debajo del promedio nacional (en Ica bajó a 6%, mientras que a nivel nacional llegaba a 29%).

Durante la vigencia de la Ley 27360 el empleo formal en el sector aumentó de 460,000, entre directos e indirectos, en el 2004, a más de un millón en la actualidad. Algo más. La ley derogada, por sus regímenes especiales, era la única alternativa de formalización para los más de dos millones de parceleros que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura. Si los minifundistas no se beneficiaron de la ley derogada es por falta de títulos de propiedad, estrategias de asociatividad e infraestructuras hidráulicas, que debían ser proporcionados por el Estado.

Queda claro que si el Ejecutivo y el Congreso no avanzan hacia la aprobación de una nueva ley de promoción agraria que recoja lo mejor de la norma derogada, entonces, se estaría traicionando al Perú, a los minifundistas y a los pobres en general.