Estado de emergencia y derechos de propiedad contra incendios forestales

No obstante que ya existen 15 fallecidos por los incendios forestales en 22 regiones, el Ejecutivo se resiste a declarar el estado de emergencia frente a los siniestros que se multiplican de aquí para allá. Si bien es cierto que parece complicado establecer una situación de excepción en todas las zonas afectadas, sí es posible focalizarse en las regiones más devastadas; por ejemplo, la de Amazonas.

Hasta hoy los incendios se multiplican por los efectos de las sequías y el cambio climático, por la costumbre tradicional de la quema de la superficie antes de la época de siembra, la casi inexistencia de un cuerpo de bomberos especializados en la contención de incendios forestales –que debería contar con helicópteros– tal como sucede en los Estados Unidos y los países desarrollados, pero también por la ausencia de un sistema de derechos de propiedad en la Amazonía en general. Una realidad lacerante, no obstante que el Perú es el noveno país en el mundo y segundo en Sudamérica en potencial de bosques forestales.

Sorprendentemente, los sectores del ecologismo radical y las oenegés anticapitalistas que pretenden pescar en el río vuelto generado por la tragedia amazónica, han señalado que una de las causas de los incendios forestales está en las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre –desarrolladas por el Legislativo– que promueven la formalización en el manejo de las áreas deforestadas. Entre los cambios a la norma existe una disposición transitoria que establece que quienes cuenten con título de propiedad o certificado de posesión otorgado por la autoridad competente mantendrán la seguridad jurídica –es decir, los derechos– siempre y cuando en sus predios realicen actividad agropecuaria reciente y no tengan bosques. Con esta medida, evidentemente, se promueve la formalización en todas las áreas deforestadas, que en la actualidad representan la décima parte de los bosques de la Amazonía.

Otra de las modificaciones que ha desatado la ira de las oenegés del ecologismo radical es que ahora todas las competencias sobre los bosques forestales están en el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), mientras se excluye al Ministerio de Ambiente; e igualmente se excluye la obligación de presentar la zonificación forestal correspondiente como requisito para entregar títulos habilitantes.

La Amazonía peruana y los bosques forestales protegidos están inermes frente a los incendios o frente a cualquier amenaza ecológica por la ausencia de un sistema de derechos de propiedad que establezca los límites de las áreas protegidas, la propiedad de las comunidades nativas y de los agricultores formales y los colonos que migran de la sierra y suelen deforestar parte de los bosques protegidos.

Como todos sabemos, los principales enemigos de la creación de derechos de propiedad en la Amazonía hoy son las economías ilegales del narcotráfico, de la minería ilegal y de la tala ilegal de bosques. Bajo ningún punto de vista las economías delictivas están dispuestas a aceptar la formalización de la propiedad en la Amazonía porque enfrentarían sociedades con derechos y voluntad de proteger bosques y predios. Cuánto más informalidad, más avance de las economías ilegales. De allí las campañas para derogar los cambios a la ley forestal de algunos meses atrás. Por ejemplo, parece imposible que un campesino formalizado se dedique a cultivar la hoja de coca.

El Ejecutivo entonces debería declarar en emergencia a las regiones más afectadas por los incendios, y también debería desarrollar un plan de contingencia de los incendios con la participación de las regiones, del sector privado, del cuerpo de bomberos e, igualmente, convocar la ayuda internacional de países con experiencia en estos siniestros. Pero, sobre todo, considerando el mediano y largo plazo, debería avanzar en la formalización de la propiedad en la Amazonía como la única manera, en el largo plazo, de desarrollar una estrategia sostenible para la preservación de nuestros bosques forestales.