El rol del Estado frente a la minería

Uno de los temas más discutidos en el 14 Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre –organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y que se llevó a cabo en Lima, entre el 10 y 12 de mayo último– fue el del rol del Estado frente a la actividad minera. Un tema especialmente importante actualmente en el Perú, porque es evidente que el Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre tiene una abierta posición antiminera. Una actitud que lo ha llevado a azuzar y empoderar a las minorías violentistas que atacan a las empresas del sector, y a negarles a estas la protección policial que el Estado está obligado a darles.

Para el economista Dani Rodrick “el rol del Estado frente a la minería es contribuir con el sector privado que es el que tiene la posibilidad de generar empleo. Y esto puede lograrse a través de mecanismos como otorgar un mejor crédito y emprender programas de expansión tecnológica”. A lo largo de su exposición, “Geopolítica: economía global y cambios”, explicó que además es necesario que el Gobierno cree “mesas sectoriales” para generar desarrollo en las diversas industrias. En estas mesas se reunirían las empresas, los municipios y las entidades gubernamentales para establecer estrategias para mejorar la productividad. 

Afortunadamente hay un sector dentro del Estado que parecen estar de acuerdo con estos puntos de vista. En el Simposio también estuvo presente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, quien el mismo día de inauguración del evento anunció la reciente aprobación de un paquete de inversiones descentralizadas, con especial énfasis en las zonas mineras, que serán efectivas a través de una Unidad Ejecutora Especial, con el objetivo de agilizar la inversión pública en el país. También informó que el MEF está trabajando en algunas mejoras de la normatividad vigente para agilizar el otorgamiento de los permisos para las exploraciones mineras. Actualmente los trámites para esos permisos pueden demorar hasta dos años, mientras que en otros países (Canadá, por ejemplo) se otorgan en menos de dos meses.

El ministro también se refirió, de alguna manera, al “rentismo” de un sector de la población que habita en las zonas de influencia minera, que olvidan sus propias actividades productivas y se vuelven completamente dependientes de los aportes de las empresas. este es un grave problema, que está en el origen de muchos de los actuales conflictos sociales en torno a la minería. Graham, indicó que el Gobierno está procurando que la población de esas zonas desarrolle capacidades y cuente con las condiciones para trabajar en actividades económicas diferentes o adicionales a la minería. “Ya hemos empezado a trabajar con ese enfoque; es necesario reducir la dependencia de la población hacia la mina y desarrollar otras cadenas de valor en el área de influencia”, señaló.

Otro punto interesante de la exposición del ministro fue la promesa de impulsar, para las empresas mineras, el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), que fomenta la participación estratégica del sector privado en el desarrollo de infraestructura pública. En ese sentido el ministro anunció que se ampliará la oferta de proyectos en la modalidad de OXI para impulsar el cierre de brechas en el país, para que la minería “continúe siendo un puntal del crecimiento económico del país”.