El potencial minero del Perú

En la última encuesta publicada por el Instituto Fraser (2017), Perú logra ubicarse en el puesto 14, entre 104 jurisdicciones mineras mundiales, como el país con mayor potencial minero. Ocupa además el puesto 19 como país más atractivo para las inversiones mineras. Es decir, Perú es atractivo tanto por sus condiciones geológicas como sociales, políticas y económicas.

Esta situación no es gratis, no cae del cielo. Es una sumatoria de esfuerzos como el que hoy inicia Southern Perú en el proyecto Michiquillay, en Cajamarca. La minera ha anunciado que en las próximas semanas comenzará a conversar con los pobladores de las comunidades campesinas de Michiquillay y La Encañada. En los talleres informativos se les mostrará el proyecto minero en toda su extensión para que no exista la menor duda sobre el tipo de información simétrica que existirá, desde un inicio, entre la minera y los pobladores.

En esos diálogos, la población podrá tener acceso a información sobre el efecto multiplicador de la minería, tan sustancial para la economía nacional. Por ejemplo, de acuerdo al informe El valor agregado de la minería en el Perú (junio 2017), del Instituto Peruano de Economías (IPE), por cada S/ ­­1,000 de exportaciones mineras, el PBI se incrementa en S/ 1,200. Asimismo, por cada uno de esos S/1,000 el Perú puede importar por un valor de S/ 375 que se distribuyen de la siguiente manera: S/ 130 para las actividades productivas, S/ 70 para bienes de consumo y S/ 115 para bienes de capital. Además, por cada puesto directo en la minería se crean otros seis puestos de trabajo indirecto.

Y así como hay esfuerzos para arrinconar a la pobreza, así también hay esfuerzos para destruirlos. Este es un año electoral y los relatos antimineros no dejarán de oírse en los territorios donde se realizan actividades mineras. Por ejemplo, sabemos que Más Democracia — la ahora inexistente alianza política entre el Movimiento de Afirmación Social (MAS) de Gregorio Santos—y Democracia Directa, de los jubilados del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), dirigidos por Andrés Alcántara, están organizando, cada uno por su lado, listas de candidatos para los gobiernos locales y regionales. De esta manera, el mismo discurso antisistema y antiminero será repetido por más de un candidato en todas las jurisdicciones electorales de la serranía andina. Sobre todo en el sur, en donde se ubica el llamado corredor minero que comprende los departamentos de Arequipa, Cusco y Apurímac, y en donde la pobreza se redujo en 55.96% en el periodo 2007-2016.

El tema del agua —que la izquierda se ha encargado de presentar como si fuera un recurso en extinción, demonizando a las mineras por el uso que hacen de él— estará presente en todos los discursos antimineros. Utilizarán la llamada Ley de Cabecera de Cuenca —Ley N° 30640, propuesta por el congresista Marco Arana, del Frente Amplio, que modifica la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos— como el mejor de sus relatos: la preservación de las llamadas “zonas intangibles” y “ambientalmente vulnerables”. Las “cabeceras de cuenca”, que se ubican sobre los 3,000 m.s.n.m., son un cuentazo que servirá para ganar votos con el fin de detener las inversiones mineras.

Pronto oiremos de Edward Quiroga y su organización islámica Inkarri Islam, a Óscar Mollohuanca, Arcadio Hurtado, Cayo Huaytani, Leonidas Molina, Eliseo Minaya y tantos otros activistas violentos tentando alguna alcaldía o gobernación. También a Jaime César Borda Pari, vinculado a la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, azuzando a los pobladores por el voto antiminero. Todos ellos negando una realidad: que en Cusco la pobreza ha caído 60.41% entre el 2007 y 2016.

La aparente calma en el sur minero nos hace pensar que es una estrategia de reacomodos. Ganar las alcaldías y los gobiernos regionales reforzará los planes del ambientalismo ideológico. Amnistía Internacional y OXFAM hablarán de un despertar de las comunidades en contra de la minería, por el voto popular, en elecciones libres. Otro de sus tantos relatos falsos.