¡El Niño golpeará con todo al Perú!

El fenómeno de El Niño vuelve a instalarse como una de las mayores amenazas para la economía y la vida cotidiana del Perú. Y, como ocurre tantas veces frente a los desastres naturales, el problema no es únicamente la fuerza de la naturaleza, sino la incapacidad del Estado para anticiparse a ella. Guzmán Vera, vocero de la Contraloría General de la República, ha advertido que, pese a los recursos y la asistencia técnica transferidos por el Gobierno nacional, numerosos gobiernos regionales y locales registran una ejecución baja o incluso nula de las obras de prevención. El caso del río Piura es especialmente preocupante: las geobolsas utilizadas como defensa ribereña presentan un avanzado deterioro y, si no se interviene oportunamente, miles de personas podrían enfrentar nuevamente un escenario similar al desastre de 2017.

No estamos ante una posibilidad remota. Según el diagnóstico de APOYO Consultoría, las condiciones actuales apuntan a un Fenómeno El Niño capaz de generar daños significativos durante el verano 2026-2027. A inicios de julio, la temperatura del mar frente a la costa peruana alcanzó el umbral de un Niño extremo y mantiene una trayectoria semejante a la observada durante el episodio de 1997-1998. Asimismo, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé un Niño Costero fuerte hasta octubre y, posteriormente, un Niño Global fuerte o muy fuerte durante el verano.

El impacto trascendería ampliamente las zonas afectadas por inundaciones y huaicos. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima estima que el 23.7% del PBI nacional se encuentra expuesto a los efectos de El Niño. La manufactura podría registrar pérdidas de S/ 111.8 millones diarios; el comercio dejaría de generar S/ 74.9 millones; el sector agropecuario perdería S/ 64.2 millones y el transporte alrededor de S/ 40.4 millones diarios por daños en carreteras, puentes y vías secundarias. En el agro, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Instituto Peruano de Economía estiman que cerca de dos millones de hectáreas están expuestas a inundaciones, con regiones donde más del 40% de la superficie cultivable podría quedar comprometida.

La gravedad de estas cifras contrasta con el retroceso de la inversión preventiva. Durante los últimos dos años, los recursos destinados a prevención se redujeron en más de 30%. Mientras tanto, la cartera de 61 proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura, valorizada en S/ 22,784 millones, registra apenas un avance físico de 51%, dejando más de S/ 11,600 millones en infraestructura de protección sin ejecutar. La exposición alcanza a 931 kilómetros de infraestructura vial dañada, más de 11 millones de personas, 35,000 instituciones educativas, 7,000 establecimientos de salud y 3.6 millones de viviendas.

El problema no es, por tanto, la falta de información. El Perú sabe dónde están sus riesgos y conoce las consecuencias de no actuar. Lo que falla es la capacidad institucional para convertir ese conocimiento en obras concretas. Apoyo Consultoría advierte que el país todavía no está preparado para enfrentar un Niño extremo y señala como una de las principales limitaciones la fragmentación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). La identificación del riesgo, la priorización, el financiamiento y la ejecución de proyectos siguen funcionando con demasiada frecuencia como procesos separados.

Las cifras institucionales son reveladoras: el 91% de los gobiernos regionales y locales carece de estudios de Evaluación de Riesgos; el 69% no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres vigente y apenas el 8% de los distritos dispone de un Plan de Gestión Reactiva aprobado. Además, un tercio de los distritos no realiza los simulacros obligatorios. No puede hablarse de una verdadera política nacional de prevención cuando tantas autoridades carecen incluso de los instrumentos básicos para ejecutarla.

El nuevo gobierno de Keiko Fujimori tendrá, por ello, uno de sus primeros grandes desafíos de gestión. La prevención frente a El Niño debe convertirse en una política nacional, con metas verificables, cronogramas de ejecución y responsabilidades claramente establecidas. El Gobierno nacional debe supervisar que los recursos lleguen a las obras y que las autoridades que no ejecuten respondan por ello.

El Perú ya conoce el costo de la improvisación. El desastre de 2017 dejó pérdidas humanas, destrucción de infraestructura y enormes costos económicos que pudieron reducirse con una adecuada política preventiva. Volver a esperar que llegue el agua para comenzar a reaccionar sería repetir el mismo error.

La naturaleza no puede controlarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse. Cada sol invertido oportunamente en prevención puede evitar muchos más soles gastados posteriormente en reconstrucción. El Niño no espera decisiones burocráticas ni cambios de gobierno. El nuevo Gobierno tampoco debería esperar a que llegue el desastre para demostrar que aprendió la lección.