Cuando el crimen se convierte en terror

El Perú enfrenta desde hace años una criminalidad cada vez más violenta. Extorsiones, sicariato, secuestros y amenazas han dejado de ser hechos aislados para convertirse, en determinados lugares, en parte de la vida cotidiana. Frente a esta realidad, el nuevo Gobierno ha propuesto dar un paso polémico al permitir que ciertas organizaciones criminales sean calificadas como terroristas. A primera vista, podría parecer simplemente una respuesta más severa frente al delito. Sin embargo, detrás de esta propuesta existe una cuestión mucho más compleja. ¿Puede una organización creada para obtener beneficios económicos terminar convirtiéndose en una organización terrorista?

Tradicionalmente, la respuesta habría sido negativa. El crimen organizado persigue principalmente beneficios económicos, mientras que el terrorismo ha estado asociado a finalidades políticas, ideológicas o religiosas. Sin embargo, esa separación resulta cada vez menos clara. Existen organizaciones criminales que ya no se limitan a delinquir para obtener dinero. Utilizan el miedo de manera deliberada, buscan someter comunidades enteras, desafían abiertamente a las autoridades y pretenden condicionar las decisiones del Estado. Cuando eso ocurre, la violencia deja de ser solamente un instrumento para cometer delitos y el terror comienza a convertirse en un método de poder.

El Derecho Internacional tampoco ofrece una respuesta sencilla. Después de décadas de discusiones, los Estados aún no han logrado acordar una definición universal de terrorismo. Pero sí existe cierto consenso sobre algunos de sus elementos más graves, especialmente cuando la violencia busca provocar miedo en la población o forzar determinadas decisiones. Y esto importa para el Perú, porque las nuevas organizaciones criminales no respetan fronteras ni permanecen inmóviles. Se expanden, cambian sus métodos y aprovechan las debilidades de los Estados. Por ello, las categorías con las que intentamos enfrentarlas también deben ser capaces de comprender esa transformación.

En ese contexto, la propuesta del Gobierno merece ser discutida seriamente y no descartada como un simple endurecimiento de las leyes. No toda organización criminal es terrorista, ni todo acto brutal constituye terrorismo. Pero tampoco podemos cerrar los ojos cuando una organización utiliza sistemáticamente el terror para controlar territorios, intimidar poblaciones o doblegar al Estado. Si una organización cruza esa frontera, seguir tratándola como delincuencia común supone combatir una amenaza nueva con herramientas pensadas para una realidad que ya cambió.

El desafío del nuevo Gobierno será identificar esa frontera con responsabilidad y actuar con toda la firmeza que la ley permita. No se trata de llamar terrorista a cualquier delincuente ni de utilizar una palabra más dura para tranquilizar a la población. Se trata de reconocer que algunas organizaciones criminales han evolucionado, han convertido el miedo en un instrumento de dominación y están dispuestas a desafiar al propio Estado. Frente a ellas no bastan las respuestas de siempre. Si el crimen ha cambiado, el Estado también debe cambiar la forma de enfrentarlo. De lo contrario, allí donde retroceda el Estado avanzarán quienes pretenden imponer sus propias reglas mediante el miedo y la violencia.