El avance descontrolado de la minería ilegal

La minería ilegal ha dejado de ser un problema localizado en determinadas zonas del país. Su expansión está alcanzando áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y nuevos territorios de la Amazonía, mientras su enorme rentabilidad fortalece a las organizaciones que operan al margen de la ley. En Ica, esta actividad ya ocasionó daños en una de las figuras arqueológicas de las Líneas de Nasca, mientras que en la Reserva Nacional Tambopata se identificaron 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos. Y el avance territorial resulta igualmente preocupante: en la Amazonía, los departamentos afectados pasaron de siete en 2024 a 11 en 2026.

La explicación fundamental de esta expansión está en el dinero. El precio del oro se mantiene alrededor de los US$ 4,000 por onza troy, luego de haber superado los US$ 5,000 a comienzos de año, en un escenario de elevada demanda internacional. El metal precioso funciona como activo refugio frente a la inflación mundial, la incertidumbre geopolítica y la volatilidad financiera. A esta situación se suma el cobre, cuya cotización supera los US$ 6.33 por libra debido a su importancia estratégica para la transición energética y tecnológica global.

Esta combinación de precios ha convertido a la minería ilegal en un negocio de dimensiones extraordinarias. De acuerdo con información difundida por el IPE, en 2025 las exportaciones ilegales de oro alcanzaron los US$ 11,000 millones, 55% más que el año anterior y 6.5 veces el nivel registrado una década atrás. En el caso del cobre, el FMI ha alertado que hasta el 5% de las exportaciones de 2024 podrían haber tenido origen en esta actividad ilícita, lo que equivale a más de US$ 1,150 millones. A ello se suma una dimensión financiera que no puede ser ignorada: la Unidad de Inteligencia Financiera estimó que durante la última década la minería ilegal habría involucrado operaciones de lavado de activos por aproximadamente US$ 22,800 millones.

El perjuicio no se limita al daño ambiental o a la pérdida de recursos minerales. También golpea directamente a las cuentas del Estado. Entre 2023 y 2025, la exportación ilícita de oro y cobre habría significado dejar de recaudar más de S/7,500 millones en tributos, a los que se sumarían alrededor de S/2,000 millones asociados a mecanismos de evasión. Desde el Ejecutivo se calculó que esos recursos habrían permitido financiar 1,500 escuelas primarias rurales, 750 centros de salud, 375 comisarías o 750 kilómetros de carreteras precisamente en las regiones donde la minería ilegal ha generado buena parte de sus impactos.

Pero existe otra víctima directa: la minería formal. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron US$ 62,848 millones y representaron el 67.5% del valor exportado por el país. La actividad minera equivale aproximadamente al 9% del PBI y genera cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos. Es decir, mientras la minería formal aporta divisas, impuestos, empleo y crecimiento, la minería ilegal utiliza la violencia, la invasión de concesiones y la informalidad para apropiarse de recursos y desplazar a quienes cumplen con las reglas.

Las consecuencias económicas pueden ser todavía mayores. El Instituto Peruano de Economía ha estimado que la expansión de la minería ilegal podría reducir hasta en 12% el crecimiento potencial del PBI. Asimismo, proyectos valorizados en aproximadamente US$ 12,000 millones enfrentan conflictos, paralizaciones y ataques vinculados a esta actividad. El caso de Pataz resulta particularmente grave: operaciones como Poderosa y Horizonte se encuentran directamente rodeadas y atacadas por organizaciones vinculadas a la minería ilegal.

En este contexto aparece uno de los principales problemas institucionales: el REINFO. Lo que originalmente debía ser un mecanismo temporal de formalización terminó convirtiéndose en un registro permanente que mantiene abierta una peligrosa zona gris entre la informalidad y la ilegalidad. Carlos Gálvez, expresidente de la SNMP, declaró a El Montonero que varios personajes vinculados a recientes secuestros e investigaciones por minería ilegal cuentan con Reinfo o recurren al alquiler, préstamo o venta de este registro.

La situación resulta especialmente grave porque ese mecanismo puede terminar proporcionando una cobertura que dificulta la acción del Estado. Bajo su amparo, mineros ilegales pueden intentar eludir la justicia, invadir concesiones formales, contaminar ecosistemas, financiar redes criminales y continuar extrayendo mineral al margen de la ley. Cuando un instrumento concebido para conducir a la formalidad termina siendo utilizado para prolongar actividades ilegales, el problema ya no es solamente administrativo: es una amenaza al Estado de derecho.

Por ello, el Perú necesita cambiar radicalmente su respuesta frente a este fenómeno. Es indispensable recuperar la autoridad del Estado en las zonas afectadas, descartar definitivamente el REINFO y aprobar una nueva Ley MAPE que establezca reglas claras, fiscalización efectiva y responsabilidades concretas. La pequeña minería y la minería artesanal necesitan una verdadera ruta hacia la formalidad, no mecanismos que permitan perpetuar la informalidad y encubrir la ilegalidad.

La minería ilegal ha alcanzado una dimensión que compromete simultáneamente el ambiente, el patrimonio arqueológico, los recursos fiscales, la seguridad ciudadana y la minería formal. Frente a semejante amenaza, el Estado no puede continuar reaccionando con prórrogas, excepciones o mecanismos que terminan siendo aprovechados por quienes operan fuera de la ley. Detener esta expansión exige restablecer la autoridad y hacer cumplir las reglas antes de que las organizaciones criminales consoliden, de manera irreversible, el control de nuevos territorios.