La utopía de la clase dirigente

Algunos estudiosos siguen atrapados en la utopía del dirigismo de Estado para “imponer el desarrollo”, afirman que se requeriría una clase dirigente con la capacidad de imponer decisiones en los ámbitos políticos, económicos y sociales sobre los distintos grupos que integran un país. Es decir, anhelan el retorno de la aristocracia en términos aristotélicos y soslayan la democracia como sistema de participación ciudadana. 

En el Perú, estas experiencias terminaron convertidas en dictaduras con períodos de auge, pero también de descomposición; por consiguiente, de frustración ciudadana. Promueven el surgimiento de una clase dirigente capaz de conducir el país hacia un “un mejor futuro”. Sin embargo, las clases dirigentes se caracterizan por estar conformadas por cúpulas que excluye a otros sectores sociales de las tomas de decisiones porque ellos se proclaman a sí mismos como los elegidos.

Para sustentar sus particulares puntos de vista rememoran el gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), quien impuso la reforma agraria que dejó como resultado indeseable la repartición de tierras que previamente eran unidades productivas rentables. El gobierno militar que presidió Velasco imaginó que la subdivisión de la tierra implicaría la reivindicación del campesinado explotado y, por ende, por el simple hecho de convertirlo en propietario de un pedazo de tierra iba a adquirir las competencias requeridas para la administración del proceso productivo, transporte y comercialización en el mercado nacional o internacional de las cosechas.

La realidad fue que la producción agrícola disminuyó, el campesinado se empobreció aún más. La historia revela que la imposición de esa “clase dirigente” condujo a la economía nacional al fracaso. Tuvieron que transcurrir varias décadas para que el Perú recupere un sitial en la agroexportación mundial, inclusive, se introdujeron nuevas variedades de cultivos como el arándano que cuenta con aceptación internacional. No es el dirigismo de Estado, ni de una clase dirigente en particular la que lideró el aprovechamiento de las oportunidades del mercado internacional, son los empresarios agroexportación quienes han logrado la revolución productiva del campo sin la soberbia de autocalificarse como clase dirigente.

Lamentablemente, la subdivisión del campo continúa y la sierra es la más afectada. Se habrán preguntado por qué muchos agricultores optan por la minería ilegal, ésta se ha convertido en un refugio indeseable para algunos agricultores altoandinos que terminan por descuidar sus terrenos y llevar su producción a niveles de autoconsumo mientras destinan más horas a la extracción ilegal de minerales que le pertenecen a toda la nación.

Inclusive, señalan que se justificaría la emergencia de una clase dirigente para lograr el objetivo de añadir valor agregado a la producción agrícola, como a la producción minera; sin embargo, esto depende de varios factores y responde a un proceso acumulativo. Primero producir, hallar las mayores eficiencias posibles para convertirse en el primer productor por volumen y al menor costo posible (mayor productividad frente a otros productores). Segundo, avanzar en la cadena de valor, lo que podríamos graficar de la siguiente manera: si se produce cierta variedad de fruta se podrá producir mermelada, y, si el volumen lo justifica también, envases de vidrio, tapas, embalajes, zunchos de seguridad, entre otros. 

Asimismo, destinar parte de la renta para financiar la mejora o generación de nuevas semillas mediante el empleo de la biotecnología para consolidar hacia el futuro el motor de la agroexportación; empero, para que ello sea posible se requiere regular el agua disponible, tengamos presente que el Perú es el octavo país con mayor disponibilidad de agua del mundo. 

En el caso de la minería primero hay que hacer minería (valga la redundancia); es decir, desarrollar los proyectos mineros que están pendientes de ejecución por US$ 64,000 millones. Llegar con nueva producción de cobre antes que otros países implica simplificar los trámites o confiar como Estado en los operadores mineros formales que ya están asentados en el país. Y también permitirles un ingreso a las áreas de interés por medio de la suscripción de una declaración jurada en la que los titulares formales se comprometen a cumplir las exigencias normativas en un período razonable de tiempo. Porque del otro lado están los mineros ilegales y ante ellos no hay legislación ambiental, ni social, ni tributaria que valga, hacen ocupación física de un área, arrinconan o amenazan a la población y acrecientan la criminalidad.

Segundo, si producimos más minerales y en volumen suficiente, se justificará instalar plantas fundiciones, refinerías y otros para seguir añadiendo valor a la producción; pero, lamentablemente, existen actores políticos que por desconocimiento o mala fe actúan en contra del país, como lo hicieron cuando en los años ochenta y noventa se opusieron tenazmente el desarrollo del entonces proyecto Camisea. Estos grupos casi siempre terminan apostando por profundizar la pobreza y la ignorancia para asegurarse un bolsón electoral.