El incremento del sueldo mínimo y la destrucción del agro nacional

Cada vez que la crisis económica golpea a la sociedad, los políticos vuelven a hablar del incremento de la remuneración mínima vital como si los decretos sobre la economía cambiasen la realidad. En la medida que la informalidad laboral sigue creciendo y la precariedad laboral se extiende, sí existirían efectos, pero muy negativos.

De alguna manera todos los políticos peruanos, dentro y fuera del Congreso, participan del criterio marxista acerca de que el trabajador debe ser protegido de la voracidad del empresario que busca la plusvalía y la ganancia desmedida. De allí la idea de la remuneración mínima vital y la virtual estabilidad laboral que estableció el Tribunal Constitucional en el 2001, cuando señaló que el trabajador podía optar por la reposición en el puesto de trabajo antes que la indemnización.

Ahora que el aumento de pobreza se ha convertido en una tendencia objetiva de la sociedad peruana, algunos comienzan a hablar del incremento de la remuneración mínima vital, ignorando que únicamente las micro y pequeñas empresas (pymes) formales suelen pagar el mínimo vital. Considerando que las grandes empresas no enfrentan este problema (pagan más que el mínimo o pueden pagarlo sin problemas) incrementar el mínimo sería un golpe letal a las escasas pymes que resisten en la formalidad. La propia OIT señala que cerca del 75% del empleo es informal.

Sin embargo, en el sector en donde el incremento de la remuneración mínima vital se convertiría en una verdadera bomba nuclear es en el sector agrario. Como todos sabemos, luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), el gobierno provisional de Sagasti promulgó la Ley 31110, que establece que la bonificación especial para el trabajador agrario (BETA) es de 30% sobre el salario mínimo vital. 

Considerando que las empresas agroexportadoras gastan entre el 50% y 60% de sus costos totales en pago de salarios es evidente que una medida de este tipo, simplemente, golpeará duramente a la creación de empleo formal en el agro, tal como ha venido sucediendo luego de que, en la práctica, se eliminará la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Por ejemplo, desde los meses del último trimestre del año pasado se registran alrededor de 100,000 empleos perdidos en cada mes.

Vale recordar que una de las claves del milagro agroexportador peruano (que en dos décadas incrementó las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones, captó más de US$ 20,000 millones en inversiones e incrementó el empleo formal de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 hasta más de un millón en la actualidad), es la ley de Promoción Agraria que establecía la flexibilidad laboral. Bajo estos criterios algunas empresas llegaban a contratar entre 15,000 y 20,000 trabajadores por campaña (siembra, mantenimiento y cosecha) con todos los derechos sociales reconocidos.

El otro gran problema de las sobrerregulaciones de los salarios al margen de la productividad de las empresas y la economía es que se liquida la posibilidad de formalización de los más de dos millones de minifundistas del país que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura. Es imposible siquiera imaginar un proceso de formalización para estas pymes del agro con semejantes regulaciones y costos de los salarios.

Los políticos estatistas creen que basta el decreto o la ley para crear un empleo. Si se tratara de empleos estatales se podría crear la ilusión, la ficción de un empleo, que podría durar hasta que la inflación termine haciendo estallar todo. Sin embargo, el empleo en el sector privado nunca está sujeto a la ideología y la demagogia, y siempre depende de la productividad de las empresas y la realidad de la economía. Y el empleo privado es lo único que explica el desarrollo de las sociedades.