En el pleno del Congreso las bancadas de izquierda, con la com...
A inicios del nuevo milenio diversos economistas y proyecciones económicas señalaban que, en el Bicentenario, el Perú podría acercarse al ingreso per cápita de un país desarrollado. La condición para semejante avance era seguir creciendo sobre el 5% –como estaba sucediendo– y garantizar la expansión anual de la inversión privada de dos dígitos. Existían todas las condiciones y posibilidades para conseguir ese nivel de desarrollo, sobre todo por el potencial en minería y agroexportaciones de nuestro país. Sin embargo, se detuvo la minería y desde el 2020 las agroexportaciones dejaron de crecer con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360).
¿Qué sucedió? Las corrientes de izquierda, en sus versiones progresistas o comunistas, ya sea con sus relatos o con el desarrollo de la violencia, frenaron el avance del capitalismo peruano. Luego del gobierno de Pedro Castillo, el Perú aumentó la pobreza: de 20% a 30% de la población y el ingreso per cápita de la población se congeló en más de US$ 6,000.
La paralización de los proyectos mineros Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca notificaron el punto de inflexión hacia la involución. Se paralizó casi todo el cinturón de cobre del norte –en la región cajamarquina–; es decir, Conga, El Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros, y el Perú dejó de producir 1 millón de toneladas métricas de cobre (TMC) que se habrían agregado a la producción nacional actual de más de 2.5 millones de TMC. Si el cinturón de cobre del norte estuviese en ejecución, el Perú crecería sobre el 5% anual, la pobreza estaría debajo del 15% de la población y Cajamarca no sería una de las regiones más pobres, sino tendría uno de los ingresos per cápita más alto del país.
En este contexto, en el Perú, no se conocen nuevas megainversiones de cobre, como solía suceder en los últimos años. El anticapitalismo gana en el país. La última megainversión conocida en el metal rojo fue Quellaveco de AngloAmerican en Moquegua y los resultados de la mencionada mina, en plena producción en el 2023, dejan anonadados a tirios y troyanos.
Se acaba de conocer que Quellaveco ha generado S/ 600 millones por canon y regalías para los gobiernos subnacionales de Moquegua el año pasado, que se utilizarán en inversiones en infraestructura, educación salud y sistemas viales. El éxito y la propiedad en el uso de estos recursos, pues, dependerá del gobierno regional de Moquegua y de los municipios.
Por otro lado, vale señalar que la producción de Quellaveco incrementó en 12% la producción nacional de cobre permitiendo al país disputar el segundo lugar en la producción mundial del metal rojo con la república del Congo, país que, a pesar de carecer de las reservas peruanas en este metal, avanza por la falta de nuevas inversiones peruanas.
En cualquier caso, es incuestionable que Moquegua será un departamento en donde la pobreza (actualmente del 12% de la población) seguirá bajando por el aporte de Quellaveco. El contraste con Cajamarca, que cuenta con una cartera de inversiones mineras de US$ 18,000 millones –casi todos paralizados– es hiriente: la pobreza afecta a más del 44% de los cajamarquinos.
Los peruanos de buena voluntad, entonces, deben defender con uñas y dientes el marco jurídico de la gran inversión minera que ha posibilitado captar en la última década cerca de US$ 60,000 millones en inversiones. Sin embargo, en los últimos años todo se ha detenido en seco por la sobrerregulación y tramitología, la crisis política y la violencia del radicalismo antiminero. ¡Salvemos, pues, a la gallina de los huevos de oro!
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