El concepto de trazabilidad del oro

En el Perú se exporta oro de manera informal por un monto de US$ 2,500 millones anuales. Se calcula que desde el 2012 hasta la fecha se han exportado US$ 12,500 millones en contrabando. En este contexto, las normas promulgadas por el Gobierno de Ollanta Humala, y que han mantenido las administraciones de PPK y el presidente Vizcarra, solo han agravado la situación de informalidad. Hoy se calcula que más del 90% de oro que se comercializa en Puno y Madre Dios es informal, sobre todo desde que se prohibió la liquidación de compra, sistema mediante el cual las plantas de beneficio y los acopiadores de oro descontaban el 4% de renta de las ventas de los mineros artesanales.

El comercio informal de oro, pues, no tiene cuándo parar. Los países que han logrado organizar una respuesta (incluido Estados Unidos en el Gold Rush) son aquellos que han planteado una audaz política de formalización de los productores. Sin embargo en el Perú se insiste en la estrategia de exclusión y se promueven las incautaciones, las “investigaciones de lavados de activos”, las fiscalizaciones anti productivas de la Sunat, la pérdida de dominio y las interdicciones, entre otros. El resultado: más informalidad y más contrabando.

Hoy el Estado impulsa el concepto de trazabilidad del oro. Es decir, la determinación del origen legal de la producción de oro en el Perú. Un imposible material y jurídico, considerando que el 90% de la producción de oro de los mineros artesanales es informal. Mientras no haya formalidad es un imposible total. Peor aún cuando el contrabando de oro comienza a superar la producción y comercialización formal. En este contexto, persistir con la exclusión legal de los pequeños productores es un verdadero suicidio nacional.

El 12 de diciembre pasado se desarrolló la conferencia “La trazabilidad en la comercialización del oro”, en Hotel Sol de Oro, en la que participaron entidades del Estado, del sector privado y organizaciones civiles. Por el lado privado expusieron la Asociación de Bancos, empresas exportadoras de oro y pequeñas empresas que compran el mineral. Por el sector público participaron el Ministerio de Energía y Minas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, la empresa estatal Activos Mineros y la Sunat, entre otras. También participaron diversas ONG, como Alianza por la Minería Responsable de Colombia, Farmined, Fairtrade y Trazoro. Y también algunas embajadas de países amigos.

Una de las cosas que llamó la atención es que la Sunat se abstuvo de participar en el evento, no obstante que sus funciones están muy vinculadas con la problemática. Y decimos que están muy vinculadas porque la empresa Minerales del Sur, autorizada por la estatal Activos Mineros luego de un concurso público nacional, en la práctica ha cerrado sus actividades. El motivo: sus envíos al exterior comienzan a ser incautados por la Aduana luego de las fiscalizaciones de la Sunat e investigaciones por lavado de activos. Y todo ello debido a la trazabilidad del oro. En otras palabras, no obstante que Minerales del Sur es una empresa formal, que paga puntualmente todos sus impuestos y que declara sus activos, debe demostrar que el oro que le compra a miles de pequeños productores tiene un origen legal. Una verdadera locura.

Considerando que Minerales del Sur representa el 80% del acopio formal de oro, su cierre virtual empujará la comercialización del oro en Puno hacia la informalidad total, al contrabando pleno. Algo parecido sucedió cuando el humalismo prohibió la liquidación de compra de las plantas de beneficio. Por ejemplo, antes el 70% del oro que se comercializaba en la selva se vendía con la liquidación de compra; es decir, pagaba renta. Hoy prácticamente no hay formalidad.

Estas políticas erradas —que priorizan la multa, el embargo y la interdicción antes que una verdadera política de formalización del Estado— solo alientan la informalidad y el contrabando, y crean las condiciones para un estallido social que, inevitablemente, aprovechará el antisistema.