Colombia moderniza su agricultura

En Colombia, un proyecto de ley pretende modificar la Ley N° 160 (Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, de 1994), y establecer nuevas normas con el fin de aumentar las exportaciones agropecuarias colombianas que, en 2017, fueron US$7,355.6 millones. Para esto, el proyecto de ley colombiano establece políticas vinculadas a la formalización de la propiedad rural y el reordenamiento de los territorios dedicados a las actividades agropecuarias. La propuesta introduce el concepto “extinción de dominio” para los territorios que “no son explotados económicamente sin justificación”.

Según el Censo Nacional Agropecuario 2014, el territorio rural colombiano, consta de 111.5 millones de hectáreas. El 56.7% de este territorio (64.2 millones de hectáreas) está ocupado por bosques naturales y el 38.6% (43.0 millones de hectáreas) son terrenos agropecuarios. En las áreas destinadas al sector agropecuario, el cultivo de pastos representa el 80.0% (34.4 millones de hectáreas) y solo el 19.7% (8.5 millones de hectáreas) es destinado al uso agrícola. De las áreas cultivables, el 71.2% corresponde a parcelas menores de 5 hectáreas; es decir, minifundio. En este contexto, la norma que se plantea pretende establecer actividades agrícolas a gran escala para la exportación. Con nuevos territorios cultivables, de 300 hectáreas o más, Colombia pretende afianzar su posición como país agroexportador mundial. 

La nueva ley agraria en Colombia, de “carácter pragmático” contiene además normas para impulsar la agricultura, familiar, comunitaria y de subsistencia. Sin embargo, al igual que en Perú, los marxistas, liderados por los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —ahora con representación en el parlamento Colombiano—, señalan que la propuesta desconoce el “carácter social de la tierra”. La misma idea del marxismo y de la izquierda peruana. Por ejemplo, Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, ha señalado que el proyecto hídrico Majes Siguas II, que originalmente plantea extensiones agrícolas de 200 o 300 hectáreas, debe ser para la “agricultura popular”, de subsistencia, en lugar de la agricultura a gran escala, que reduce el desempleo, la pobreza y la informalidad.

Vale señalar que parte de los territorios colombianos considerados territorios rurales, aptos para las actividades agropecuarias, fueron “zonas liberadas” por el narcotráfico y el terrorismo. Según el Departamento de Estado norteamericano, más de 102,000 hectáreas estuvieron controladas por el narcotráfico, en terrenos de entre 200 y 250 hectáreas donde se cultivaba hojas de coca. En este contexto, la resistencia a la propuesta reformadora es impulsada por sectores vinculados a esta criminalidad organizada. 

La situación peruana es similar. La izquierda peruana —el Frente Amplio (FA) y Nuevo Perú (NP), representados en el Congreso de la República— pretende impedir la continuidad del la Ley de Promoción Agraria, que ha significado una cartera de 600 variedades de frutas y hortalizas peruanas en los mercados más exigentes del mundo. La reducción de la pobreza y los sueldos por encima de la media nacional son los resultados sociales más visibles de esta norma. Según la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), la pobreza en las áreas rurales ha disminuido de 80.1% en 2004, a 35.6% en 2018. Y según la Asociación de Exportadores (Adex), el 45% de los empleo generados este año corresponden al sector agroexportador. En Ica el pleno empleo es una realidad y los sueldos, como en otras regiones agrícolas, son en promedio de S/1,450, por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV) que otorga el Estado a los trabajadores. ¡A esto aspira Colombia! El desempeño del sector agroexportador peruano es un ejemplo en el mundo.