¡Clima de inversión al rojo vivo!

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Osiptel (organismo regulador de las comunicaciones) decidieron denegar dos contratos de concesiones a Telefónica, para telefonía fija y larga distancia, que vencían en el 2027. Según el Ejecutivo la empresa “superó el umbral de incumplimientos establecidos por los propios contratos”. Osiptel registró 1,362 sanciones de carácter firme contra Telefónica entre el 1 de enero y el 27 de junio del 2014.

Una de las cosas que más llama la atención de la metodología aplicada por Osiptel es que solo prioriza las sanciones aplicadas a la empresa, sin considerar sus aportes al desarrollo de la sociedad y las telecomunicaciones. ¿No se acuerdan acaso de que antes de que llegara Telefónica al Perú un teléfono fijo solo se obtenía si el solicitante era amigo de una encumbrada autoridad del Estado y que se debía pagar US$ 2,000 dólares? Un lujo impensable para los pobres. De allí que el método utilizado por Osiptel parezca extraído de un manual marxista que demoniza a las empresas porque son “enemigas de los trabajadores”. En los países capitalistas no hay precedentes de esta metodología, solo en los estados chavistas.

Algo más grave. La evaluación de Osiptel revela un evidente cambio de las reglas de juego porque la reguladora de telecomunicaciones estaba obligada a presentar evaluaciones anuales preliminares para establecer anticipadamente ante la empresa de qué manera la sumatoria de penalidades afectaba los plazos de renovación de las concesiones. Según el propio Osiptel, la sumatoria de informes anuales del periodo 2009-2013 arrojaba 14 meses. Sin embargo, el Estado ha considerado una penalidad mayor a 4 años.

De otro lado, los contratos de concesión establecían expresamente una evaluación por un periodo de cinco años para proceder a la renovación. No obstante el MTC ha incluido procesos sancionadores hasta el 2016. ¡Terrible! La solicitud de renovación —presentada el 2013— debería resolverse en 80 días, según el TUPA respectivo. Pero el tema se resolvió en cinco años. ¿No se cambian las reglas para afectar adrede a una empresa?

¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de decisiones en el sector? AFIN acaba de publicar un comunicado en el que —a partir de un estudio de la Asociación GSMA— afirma que la incertidumbre en los procesos de renovación de licencias puede reducir en un 67% las inversiones de los operadores móviles. ¿Cómo se va a cerrar la brecha digital en la sociedad? ¿Por qué se sanciona de esa manera a una empresa que desde llegó al Perú —24 años atrás— ha invertido cerca de S/ 30,000 millones?

¿Puede haber algo más allá de la negativa a renovar estas dos concesiones de Telefónica? Creemos que sí. El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, acaba de anunciar que los proyectos de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima están en formulación y que no serán realizados mediante asociaciones público privados (APP), sino a través de obra pública. El titular del MTC, además, aseveró que las APP no le permite al estado negociar. Si se niega la renovación de concesiones, si las APP no son buenos sistemas de inversión, ¿acaso el titular del MTC está planteando el regreso del Estado- empresario? Más que preocupante.

En este contexto, el clima de inversión se deteriora aceleradamente en el país no solo porque el Perú cae en todos los rankings de competitividad y de clima de negocios a nivel mundial, sino también porque empieza a ser evidente que en el Gobierno de Vizcarra existe un ala anti inversión en el Ejecutivo. Ante las dudas, allí están la oposición del sector trabajo a cualquier posibilidad de reforma laboral, el apoyo a una ley de negociaciones colectivas en el Estado (que se ampliará al sector privado), la idea de fiscalizar la situación laboral solo en las empresas formales (25% del empleo), mientras se renuncia el grave problema de la informalidad que afecta al 75% de los trabajadores, y la propuesta de aumentar de 9% al 12% el aporte a Essalud que realizan las empresas por cada trabajador. Y también la norma que posibilita que la autoridad tributaria embargue los bienes del responsable legal de una empresa solo por sospechas de elusión, al margen de los procedimientos administrativos y judiciales.

¿Qué está pasando en el Perú? ¿Alguien pretende derribar el modelo económico que redujo la pobreza del 60% de la población a solo 25%?