Castillo y la “rentabilidad social” en proyectos extractivos

En su mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo sostuvo que en su gobierno “si un proyecto no tiene rentabilidad social simplemente no va” Asimismo, Castillo indicó que está “dispuesto a recuperar la soberanía de los recursos naturales (…) y ello nos obliga a buscar una nueva Constitución Política”.

Según el ahora presidente, todo proyecto (extractivo) deberá cumplir el criterio de rentabilidad social y “contribuir a dinamizar la economía local, regional y nacional”. No sabemos exactamente qué significa para el nuevo mandatario “rentabilidad social”; no obstante, si se refiere a que un proyecto –sea minero o de hidrocarburos– contribuya a dinamizar la economía local, como lo sostiene, entonces Castillo está mal asesorado o simplemente no quiere ver la realidad. 

En las últimas dos décadas la minería moderna, para poner un ejemplo, ha sido uno de los principales motores de la reducción de la pobreza y de la activación de la economía nacional. Sobre todo en las zonas aledañas a los lugares donde opera. Basta mencionar los casos de Apurímac o las provincias del denominado Corredor Minero. En Challhuahuacho, uno de los distritos más ricos en la actualidad, hasta antes de la llegada de las inversiones mineras (Las Bambas) el intercambio de bienes era con trueque. Quien diga lo contrario, simplemente miente. En Apurímac, la pobreza se redujo entre el 2004 al 2019, casi en un 60%, antes del brote de la pandemia del coronavirus.

En las provincias de Espinar, Chumbivilcas, y en las regiones de Arequipa y Moquegua, la minería es una fuente de empleo y encadenamientos productivos. En Espinar –donde la pobreza se redujo también más del 50% en los últimos 10 años– por ejemplo, los otrora comuneros pobres se han convertido en proveedores. Y hoy existe una clase media que, a pesar de los estragos y los dramas de la pandemia, sigue adelante con sus negocios, como socios de la gran minería.

No sabemos exactamente a qué denomina el Presidente “rentabilidad social”. En ese sentido, Castillo debería ser claro porque ahora existe una rentabilidad social que se expresa en la reducción de pobreza y la generación de empleo de una minería moderna que cumple altos estándares sociales, ambientales y laborales, y que además contribuye –a través del canon y las regalías– al desarrollo económico de zonas otrora pobres.

Aún hoy, a pesar de toda la antipropaganda del marxismo, las empresas mineras contribuyen a la generación de empleo y son las principales aliadas de la población en la lucha contra la pandemia de Covid-19. Casi todas las plantas de oxígeno que existen en las zonas de influencia minera han sido compradas por las empresas mineras.

El Presidente está buscando una excusa para desarrollar la estrategia de nacionalización y estatización de las empresas mineras y de los denominados recursos naturales –con una nueva Constitución–; recursos que hoy siguen siendo de la nación y que están concesionados de manera temporal.