Cajamarca: entre la pobreza persistente y la minería detenida

Cajamarca ocupa un lugar singular en el mapa minero del Perú. En su territorio se concentran algunos de los mayores yacimientos de cobre del país, como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte. En conjunto, estos proyectos podrían transformar la estructura productiva regional y convertirla en un eje clave del corredor cuprífero del norte. Sin embargo, esa promesa sigue, en gran medida, sin concretarse.

La cartera de inversiones mineras en la región supera los US$ 16,000 millones, pero buena parte de esos proyectos lleva más de una década sin ejecutarse. La paralización de Conga en 2011 marcó un antes y un después. Desde entonces, Cajamarca ha vivido una combinación de conflictos sociales, desconfianza política y ausencia de acuerdos duraderos que han frenado nuevas iniciativas. Mientras otras regiones consolidaron operaciones y atrajeron capital, Cajamarca quedó rezagada.

El costo económico es evidente. El desarrollo del cinturón cuprífero del norte podría añadir alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre al año a la producción nacional. Ese volumen no solo fortalecería la posición del Perú en el mercado global, sino que implicaría miles de empleos formales, mayor recaudación fiscal y más recursos para cerrar brechas históricas en servicios básicos. Cada año de retraso equivale a oportunidades perdidas.

El contraste social es duro. Cerca del 45% de la población cajamarquina vive en situación de pobreza. En amplias zonas rurales, el acceso a agua potable y alcantarillado es limitado, y la anemia infantil alcanza niveles preocupantes. La región con mayor potencial minero es, al mismo tiempo, una de las que enfrenta mayores carencias. Esa contradicción define buena parte del debate local.

En este escenario, Michiquillay aparece como uno de los proyectos con mayores posibilidades de avanzar. Adjudicado a Southern Perú en 2018, cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado y prevé iniciar construcción hacia 2027. Con una inversión cercana a los US$ 2,000 millones, una vida útil de al menos 25 años y una producción estimada en 225,000 toneladas métricas anuales, podría convertirse en un punto de inflexión para la economía regional.

Pero su importancia va más allá de las cifras. Si se articula adecuadamente, Michiquillay puede servir como núcleo de un clúster minero en Cajamarca. Eso supone coordinar empresas, proveedores locales, instituciones públicas, universidades y comunidades para elevar productividad y estándares ambientales. Implica también infraestructura compartida, mejor gestión del agua y la energía, y cadenas de suministro que integren a pequeñas y medianas empresas locales. No se trata solo de extraer mineral, sino de construir un ecosistema productivo alrededor.

El problema es que cuando la minería formal se bloquea de manera sistemática, el territorio no queda intacto. La demanda por recursos y la necesidad de ingresos persisten. En ausencia de proyectos regulados, supervisados y sujetos a obligaciones fiscales y ambientales, surgen actividades ilegales que operan al margen del Estado. No pagan impuestos, no cumplen estándares y generan impactos mucho más severos sobre el entorno.

Eso ya se observa en distintas zonas de Cajamarca. Áreas donde grandes proyectos quedaron suspendidos empiezan a atraer minería informal o ilegal. A diferencia de una operación formal, estas actividades no crean encadenamientos productivos ni aportan canon para obras públicas. Por el contrario, degradan suelos y fuentes de agua, y consolidan economías precarias que dependen de la evasión y, en algunos casos, de la violencia.

El caso de Conga es ilustrativo. Tras años de oposición que impidieron su desarrollo bajo un esquema empresarial formal, la zona ha visto la presencia creciente de mineros ilegales, algunos provenientes de otras regiones. Lo que pudo ser empleo formal, inversión en infraestructura y recursos para municipios, se reemplaza por una dinámica desordenada y de difícil control. El resultado es un escenario ambiental y social más frágil.

La experiencia cajamarquina deja una lección incómoda pero clara. Frenar la inversión formal no detiene la explotación de recursos; la desplaza hacia circuitos informales. Si la región aspira a reducir la pobreza y mejorar sus indicadores sociales, necesita un marco que combine inversión privada responsable, regulación efectiva y diálogo real con las comunidades. Sin esa combinación, la riqueza seguirá bajo tierra mientras la pobreza permanece en la superficie.