Boom agrario bajo amenaza

Las tierras eriazas de los proyectos especiales son los espacios en donde, principalmente, se producen las inversiones del boom agroexportador que para el Bicentenario deben representar más de US$ 10,000 millones en exportaciones. De otro lado, es evidente que el crecimiento de la agroexportación es un motor de la diversificación productiva y generación de empleo. Sin embargo, la ausencia de un sistema de derechos de propiedad en el Perú pone en gravísimo peligro las inversiones.

Se calcula que las tierras eriazas de proyectos especiales suman 794,286 hectáreas, de las cuales el 53% es superficie nueva a incorporar. Al respecto se proyecta que, por la ausencia de derechos de propiedad, están en riesgo US$ 7,942,860 millones en inversiones, tanto en tierras incorporadas a la producción como por incorporarse.

¿Cómo afecta la ausencia de derechos de propiedad al boom agrario del país? Al lado de los esfuerzos del Estado para ampliar la frontera agrícola a través de los proyectos especiales, diversas personas naturales y jurídicas desarrollan un “comercio de títulos de posesión” que les permite reclamar terrenos eriazos que, de acuerdo a la Constitución de 1993 y las leyes vigentes, le pertenecen al Estado o a sectores privados que desarrollan inversiones. Los reclamos que presentan “los comercializadores de títulos de posesión” prosperan por la falta de precisiones en los derechos de propiedad, por la corrupción de autoridades de los organismos públicos y de directivas de comunidades campesinas, por la conducta impropia de abogados y por la complicidad de funcionarios del Poder judicial. “El comercio de títulos de posesión” es un negocio millonario debido a las inversiones de las empresas modernas agroexportadoras en estos sectores de la costa.

En el norte del país, por ejemplo, grandes extensiones de tierras eriazas están inscritas en los Registros Públicos a nombre de organismos de desarrollo. Sin embargo, estos predios han sido puestos a disposición de la Superintendencia de Bienes Nacionales, o se ha reconocido como “posesionarios” a determinadas sociedades anónimas que alegan su condición de comuneros. Vale precisar que las sociedades anónimas como entidades jurídicas son radicalmente diferentes a las comunidades. Luego de que los organismos de desarrollo transfieren las tierras eriazas a estas entidades, estos predios las comercializan por sumas millonarias, sin que el Estado reciba beneficio de ninguna clase.

De estas prácticas irregulares también participan los ex propietarios de terrenos eriazos que empiezan a reclamar “derechos conculcados” después de décadas, y luego de que los predios se valorizan por las inversiones agrarias de las empresas modernas. Estos “reclamos” de propiedades se presentan no obstante que desde la reforma agraria del velasquismo se han sucedido dos constituciones que han modificado para siempre los derechos de propiedad.

Pero, ¿cómo prosperan estas demandas? Se interpreta incorrectamente la legislación vigente, se tergiversan pruebas (o se presentan incompletas) y se ocultan hechos ante las autoridades (hechos que modificarían las resoluciones). De esta manera se obtienen beneficios indebidos, ya sea por devolución de tierras supuestamente mal expropiadas o el pago de millonarios justiprecios, a pesar de no haber invertido en ellas suma alguna.

Vale señalar que la legislación actual establece que los propietarios de tierras eriazas tienen la obligación de declararlas para elaborar un padrón, pagar un impuesto anual por mantenerlas eriazas y presentar, en plazos establecidos, estudios de irrigación. De lo contrario las tierras eriazas se consideran en Estado de abandono y pasan a poder del Estado sin reclamo alguno. Sin embargo, los ex propietarios de terrenos eriazos desarrollan una serie de estrategias irregulares, administrativas y judiciales, para conseguir indemnizaciones millonarias injustificadas o comercializar las tierras con un alto valor por las inversiones de las empresas modernas del agro.

El Ejecutivo y el Congreso, entonces, tienen una responsabilidad de primer orden para desarrollar las reformas de derechos de propiedad que garanticen la continuidad de las inversiones agrarias. Y también en la fiscalización de las irregularidades y la corrupción que debilitan todo el sistema jurídico nacional.