Avanza deforestación de bosques

De acuerdo a un reporte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), solo el 19 % del territorio del valle del Mantaro está forestado: 5% de bosques nativos y 14% de plantaciones realizadas por el hombre. El resto está deforestado. Esto debido a una degradación y deforestación promedio de 7% anual. Esta mala noticia para Junín es una constante nacional. Lo terrible de la situación es la pérdida de bosques en 15 departamentos amazónicos. Según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) en el Perú la deforestación alcanzó un total de 7.17 millones de hectáreas, siendo las regiones más afectadas San Martín (1.33 millones de hectáreas), Amazonas (1.00 millones), Loreto (0.95 millones) y Junín (0.73 millones).

En la reciente Cuarta Reunión Anual de la Iniciativa 20x20, el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, anunció el cultivo de cacao o café para evitar la mayor degradación de los territorios deforestados. Sin embargo, la iniciativa de muy buena voluntad, que terminó con un convenio internacional firmado, se estrella con la realidad si no interviene la inversión privada, por el conocimiento de la actividad forestal y capacidad financiera que posee. Es equivocado pensar —como algunos funcionarios del sector creen— que la actividad forestal no puede tener un fin comercial. Si se sigue pensando de esa manera, Chile seguirá exportando US$ 6,000 millones de recursos maderables y Perú la bicoca de US$ 120 millones, aun cuando posee extensos territorios amazónicos.

El Estado invierte millonaria sumas —directamente o por intermedio de los gobiernos regionales— promoviendo plantaciones con resultados bastante pobres, que han sido abandonadas por los pobladores de las comunidades por no ser una actividad de rentabilidad inmediata.

El D. L. N° 1283, publicado en diciembre 2016 por el Gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, intenta corregir la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores. El decreto modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763) y establece la simplificación administrativa para todos los trámites comprendidos en la ley. La modificación más importante es la extensión de las concesiones por 40 años en territorios de 40,000 hectáreas (ha), ya no por 20 años en territorios de 20,000 ha. Otra novedad es que, sin más trámite, el concesionario solo debe inscribir las plantaciones en el registro correspondiente, sin necesidad de hacer el cambio de uso. Para retirar los recursos forestales ya no se necesita cambiar el uso de un área considerada para la agricultura.

Según los registros del Serfor, existen registradas 2,418 concesiones forestales en el país. De ese total, 704 concesiones han sido otorgadas para la explotación de árboles maderables y 1,714 para la explotación de recursos no maderables. Asimismo, de los 11 millones de hectáreas concesionadas, 8.93 millones de hectáreas están dedicadas a los recursos maderables y 2.87 millones de hectáreas a recursos no maderables. Además, del total de las concesiones otorgadas, solo se encuentra vigentes 1,750. Durante el Gobierno de Alejandro Toledo las concesiones fueron manoseadas, se otorgaron de manera política, sin evaluar la capacidad financiera y técnica de los concesionarios. Por esa razón, las concesiones fueron abandonadas y hoy se encuentran en procesos administrativos o judiciales.

Cualquier convenio de buenas intenciones se cae si antes no se impulsa un marco jurídico sobre el otorgamiento de títulos de propiedad y de asociación. Asimismo, si no se elimina toda tramitología y si el Estado sigue abandonando su función de proveer carreteras, puentes, puertos, colegios, postas médicas y seguridad convenientes.

Sin una política coherente que abrevie los procesos para desarrollar competitividad, no se podrá enfrentar a los taladores ilegales y contrabandistas que perturban a los bosques, a las comunidades nativas y al país.