Antimineros siguen acechando en el sur

El radicalismo minero pretende utilizar una denuncia contra funcionarios de la municipalidad distrital de Chamaca, provincia de Chumbivilcas (Cusco) por malversación, colusión, negociación incompatible, aprovechamiento de cargo y otros. La denuncia tiene que ver con las obras de ampliación y mejoramiento del sistema básico de saneamiento público de Chamaca que no han sido ejecutadas conforme al proyecto establecido. También se ha denunciado a la constructora por no entregar certificado de calidad y de pruebas de resistencia del concreto, suelos, tuberías e hidráulicas. La obra contratada, de S/ 13.46 millones, está paralizada desde febrero pasado, afectando a más 710 pobladores.

El extremismo antiminero pretende confundir a la población vinculando la ineficiencia y la corrupción de las autoridades con el desarrollo de las inversiones mineras. Por ejemplo, un autodenominado Frente Único de los Intereses de Velille, (distrito de Chumbivilcas), la federación distrital de campesinos, presidentes comunales y dirigentes de distintos gremios, están organizando para el próximo domingo una asamblea popular. El motivo de la reunión es el informe económico de la gestión municipal. Sin embargo, la reunión será aprovechada por el movimiento antiminero para cuestionar la actividad minera en la zona.

Sin embargo, la estrategia de vincular el fracaso del Estado, proveyendo los servicios públicos que le compete, con las actividades mineras ya ha sido descubierta por la población. Por esa razón, el círculo antiminero ahora organiza federaciones de mineros artesanales con el propósito de invadir territorio de las empresas mineras formales para fomentar nuevos conflictos. Asimismo, alienta las disputas territoriales entre los poblados para crear problemas de representación y de participación en las zonas de influencia minera. Por ejemplo, entre los distritos de Livitaca y Velille, alrededor de la comunidad campesina de Chilloroya.

En el Corredor Minero del Sur —conformado por los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa— existe una feroz ofensiva del ambientalismo ideológico con el objeto de detener la producción de cobre. El radicalismo ambiental se aprovecha de cualquier pretexto para atacar al sector minero. Las deficiencias en los sistemas de agua y desagüe en los poblados no es competencia de las empresas mineras, sino de las autoridades ediles.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este año el canon distribuido a las regiones es 70% más que el año anterior. El crecimiento de los presupuestos públicos en las localidades mineras, debido a las regalías y canon minero, no es aprovechado convenientemente por las autoridades por falta de gestión. Es decir, por la ausencia de proyectos que beneficien directamente a la población y por la falta de controles para verificar los estándares establecidos y las normas correspondientes de cada obra. Por esa razón, las empresas mineras firman constantemente numerosos convenios de cooperación y realizan obras por medio del mecanismo Obras por Impuesto (OxI) para garantizar que las obras se realicen con la calidad, montos previstos y en los tiempos establecidos.

Un buen ejemplo es Hudbay Perú, empresa que ha invertido en la comunidad de Chilloroya S/ 53 millones en la ejecución de obras relacionadas con salud, educación y desarrollo productivo. Ha donado además S/ 7 millones en maquinaria para el desarrollo agrícola. En la comunidad campesina de Quehuincha ha invertido un millón de soles en el proyecto de mejoramiento y ampliación de sistemas de riego tecnificado. Asimismo, ha invertido S/ 88 millones en la construcción de un hospital de acuerdo al Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), dependiente del Ministerio de Salud (Minsa). Un hospital que será parte de las Redes Integradas de Atención Primaria de Salud y que brindará toda clase de servicios médicos preventivos y hospitalarios en la zona de influencia minera.