Anotaciones para formalizar el Perú

El modelo peruano es una verdadera esquizofrenia. Por un lado está el régimen económico constitucional, que consagra la autonomía constitucional del BCR, el principio del papel subsidiario del Estado frente al sector privado, la desregulación de precios y mercados y el respeto irrestricto a la propiedad privada y los contratos. Sin embargo, mientras la economía y el sector privado desarrollaban el mayor milagro económico y social de nuestra historia republicana, el Estado avanza en sentido contrario.

El Estado se socializaba llenándose de ministerios, oficinas, burocracia y sobrerregulaciones. El resultado de esta insalvable contradicción: el PBI se multiplicó más de seis veces porque el Estado no podía intervenir, se redujo la pobreza del 60% de la población a 20%. Pero emergieron dos economías, dos países: una formal, de alrededor del 30% de la economía y la sociedad; en tanto el 70% restante participaba de algún nivel de informalidad.

El Perú se transformó en un caso de interés para los académicos e investigadores. ¿Por qué una economía de ingreso medio tenía tantos niveles de informalidad, los más altos de la región? ¿Por qué una economía pujante como la peruana tenía un reducido número de empresas grandes –sin unidades medianas– rodeado por una abrumadora mayoría de micro y pequeñas empresas en informalidad?

La sociedad se acostumbró a esta realidad y luego, sobre esa misma informalidad, se desató el desborde de la ola criminal y el avance de las economías ilegales. A unas semanas de las elecciones nacionales los candidatos deberían estar en condiciones de responder a esta situación: el Perú necesita culminar con estas dos economías, y debemos encontrar la solución del problema.

Es incuestionable que uno de los objetivos para formalizar el Perú es acabar con el Estado burocrático y sus extremadas sobrerregulaciones. El Estado peruano –a través del gobierno central, las regiones, los municipios y las empresas estatales– consume una tercera parte del PBI nacional, de más de US$ 300,000 millones. En este contexto, las regiones invierten sumas que superan largamente las cantidades establecidas para cerrar las brechas en agua potable, desagüe, escuelas y postas médicas. No obstante, a pesar de estas inversiones, las brechas siguen aumentando. ¿A dónde se van los recursos?

Estado es sinónimo de sobrerregulación, oficina y burocracia. El Perú debe reducir el Estado y racionalizar el gasto para impulsar una reforma tributaria que posibilite reducir impuestos y simplificar el sistema de cobros. Por otro lado, necesitamos establecer un régimen pleno de flexibilidad laboral –tal como sucede en cualquier país desarrollado– para formalizar el empleo y superar la situación en la que de cada cuatro trabajadores solo uno es formal, con posibilidad de una pensión y atención en salud.

El Perú se ha convertido en el país de la burocracia, en la sociedad con el procedimiento que fomenta la informalidad, porque los costos y los tiempos para permanecer en la formalidad se vuelven inalcanzables para las pequeñas unidades económicas. 

Si bien el Estado tiene candados de hierro, por la Constitución de 1993 que elimina el Estado empresario o al Estado empleador, las narrativas en contra de la inversión privada han ido empoderando al burócrata para contener al empresario, que es demonizado. Y he allí los resultados con la construcción de uno de los estados más burocratizados en la región, los bloqueos de la inversión privada, y las altas tasas de informalidad.

El Perú entonces necesita un shock formalizador, que es una manera de avanzar hacia un shock de inversiones que elimine la pobreza y nos lleve al desarrollo.