Aduviri le cuesta al país S/ 108 millones

El Gobierno de Martín Vizcarra, mediante Decreto Supremo Nº 246-2018 ha autorizado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) el pago de S/ 108.39 millones a la minera Bear Creek Corporation, cumpliendo un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

¿Cuál es el origen del laudo arbitral? El 11 de mayo de 2011, Walter Aduviri y un grupo de extremistas usaron la violencia más extrema para detener el proyecto de plata Santa Ana (Puno). Saquearon e intentaron incendiar varios edificios públicos en la ciudad de Puno. Tomaron la ciudad y le exigieron al presidente de entonces, Alan García, la cancelación de la concesión otorgada a la minera Bear Creek Mining Corporation. Con el vandalismo, el “aymarazo” canceló la concesión y la minera ejerció su derecho, presentando demanda contra Perú en el CIADI.

Siete años después, la irresponsabilidad del círculo antiminero, organizado alrededor de las ONG y la izquierda extrema, le cuesta a todos peruanos S/ 108 millones, sin sumar todo lo que al Estado le costó defenderse en el juzgado comercial internacional.

A nuestro entender, en un Estado de derecho, los gobiernos y las instituciones deben cumplir con sus compromisos adquiridos y sujetarse a la Constitución, a las normas establecidas y a los convenios internacionales suscritos, que garantizan las inversiones. Sin embargo, el debate está abierto sobre las responsabilidades de los políticos y de las autoridades sobre sus actos públicos que producen, por ejemplo, pagos millonarios que afectan a la economía nacional.

Así como el presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva se apuran en pagar a la minera canadiense, en medio de un desconcierto popular generalizado y un afán de copamiento institucional, así también deberían promover que el Estado aplique la Constitución y la ley para sancionar a quienes ejercen violencia contra la propiedad pública y privada. O a quienes atentan contra la vida y salud de los ciudadanos, con el objeto de detener las inversiones mineras. Como ya sabemos, por razones políticas y económicas, contingentes bien apertrechados de antimineros —asesorados por diversas ONG financiadas por especuladores de commodities internacionales— organizan manifestaciones violentas sin hacerse cargo de sus actos que perjudican al país.

Aduviri, ahora como gobernador, pretende detener el proyecto de litio Fachani, ubicado en Macusani (Carabaya, Puno). Ha dicho que organizará una minera artesanal a gran escala para, con pico y lampa, extraer las 4.7 toneladas de carbonato de litio encontradas en el yacimiento puneño. Hoy prevalecen en el mundo las empresas de talla mundial, responsables y modernas, que son las primeros en establecer las normas ambientales más exigentes. Así, mientras Evo Morales, presidente de Bolivia, firma acuerdos público-privados con los alemanes e, incluso modifica sus leyes para extraer e industrializar el litio de sus yacimientos, aquí se continúa pensando en volver a la minería tradicional.

¿Responderá Aduviri por este nuevo daño que maquina en contra de Puno y de Perú?