¿Una recesión que durará varios años?

Han pasado más de ochenta días de cuarentena y –usando las estadísticas del Centro de Recursos sobre el Coronavirus de la Universidad de Johns Hopkins– las cifras ubican al Perú en el noveno puesto (de 158 países) en el ranking global de contagiados sobre el total de la población, flanqueado por Chile y los Estados Unidos (el octavo y el décimo, respectivamente). El Perú se ubica lejos de Italia –puesto 21– y mucho más lejos de dos naciones que han aplicado un esquema inteligente (redirigiendo su gasto fiscal hacia la contención espacial, sin quebrar libertades políticas y económicas) como Suecia y Taiwán, que se ubican en los puestos 21 y 150, respectivamente. Nótese aquí que Taiwán reaccionó temprano, mientras que Suecia lo hizo teniendo en cuenta las displicentes advertencias de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ello, la tasa de contagiados sobre la población en Suecia resulta 38.9% menor que en el Perú.

La evidencia contrasta, pues, que la apuesta oficial por una cuarentena medieval, sin redirección masiva del gasto estatal, resultó económicamente muy tóxica en nuestro país. Aún peor que el virus chino. Otra vez confirmamos que confiarle a la burocracia un tema tan importante como la salud pública es una pésima idea. Y es que, desdichadamente, la deficiente performance de la gestión estatal de la salud pública no ha sido el efecto negativo más importante de la cuarentena aplicada. Esta nos ha postrado en una suerte de mega recesión. Y es que proscribir arbitrariamente la producción y el gasto (en el grueso de la economía) ha tenido un efecto tremendamente destructivo.

La última cifra oficial publicada sobre la actividad nacional, la del crecimiento mensual del PBI en marzo registra una caída de 16.26%. Considerando que el grueso de las proyecciones para el año (dada la forma como el Gobierno viene manejando las cosas) no debe sorprendernos que estas se ubiquen en un rango de caída que fácilmente superaría el -20%, ceteris paribus. Sobre esto cabe hacerse reflexiones palmarias.

1. La primera nos debe llevar a recordar el pasado reciente. Veníamos registrando tasas de crecimiento anual del PBI contrayéndose sistemáticamente desde el 2013. Nuestro ritmo de reducción de la incidencia de pobreza ya coqueteaba con el error estadístico. El correlato explicativo de esta era la depresión de la inversión privada, reflejo de los retrocesos sostenidos en libertades políticas y económicas –con quiebres del orden constitucional incluidos–, así como el falta de respeto mostrada a la propiedad privada en el país (Conga, Tía María, et al) y –paralelamente– con el lanzamiento de nuevos ministerios y proyectos estatales; en medio de la explosión de escándalos de corrupción burocrática. Estábamos tomando un ticket a Caracas con cierto entusiasmo.
2. La segunda implica la entusiasta continuación de este vector político totalitario; esta vez a nombre de combatir el Covid-19. Se ingresó rápidamente a un estadio de emergencia (restringiendo abiertamente elementales libertades y eliminando controles). Desde algún iluminado escritorio se proscribió trabajar y producir. Solo perderíamos un poquito de producción, diría el delfín de la ministra de Economía. Pero aquí también se equivocaba. Se despertó una megarrecesión que, en una nación donde el sector informal es mayoritario, enervó simultáneamente la informalidad, la pobreza y la tasa de contagios. 
3. Sellados por el sesgo ideológico de sus equipos, el ejecutivo fue incapaz de redirigir sus gastos y liberar de los controles a sectores claves de la economía. Paralelamente, un congreso elegido a su medida, se convirtió en su competidor en la tierra de la demagogia y las ideas controlistas. Esto erosionó y continuará erosionando la confianza de los inversores en nuestro país tal como lo acredita la degradación de la calificación de su deuda pública, así como una sugestiva carta de cuatro embajadores en Lima de importantes socios comerciales de nuestro país.
4. Explicado por este manejo, un porcentaje hoy aún indeterminado del sector formal (con actividades proscritas por el gobierno y teniendo en cuenta la continua amenaza de elevar las cargas tributarias) ha iniciado su tránsito a la informalidad o ilegalidad justificada. Lo cual implica la certeza de menor crecimiento económico en el futuro mediato.
5. Pero lo peor viene de la mano de las cargas regulatorias (a nombre del coronavirus). La primera fase ha sido un fracaso. La segunda amenaza desesperación. El gobierno ha iniciado fases timoratas –nada inteligentes- de la liberación de las actividades productivas estatalmente proscritas. Han diseñado fases de parcial liberalización de con continuar esta senda. Liberalizar, en el papel, las reglas de sectores intensivos en empleo, requieren una burocracia honesta y capaz de hacer cumplir mínimamente (no máximamente) las reglas sanitarias, de contención espacial y encapsulamiento de zonas rojas. De ello dependería de que hablemos mañana de signos preliminares de reactivación.

Enfrentamos hoy una severa recesión explicada, en primer lugar, por errores burocráticos que aprovechan la pandemia para profundizar la intervención estatal (un shock de oferta). Los incondicionales de régimen nos hablan de que hay que perpetuar la apuesta por una cuarentena con gasoductos, refinerías y una apresurada turbiedad en el gasto estatal. Para argumentar esta receta nos cuentan de que la recesión se explica por un shock de demanda de origen externo (caída de las exportaciones). Para combatirla –desde la burocracia, el Congreso y los medios de prensa– nos venden mantenernos en el error. Ergo, continuar reduciendo libertades y seguir vulnerando la propiedad privada, en mil envolturas. Si no quebramos frontalmente esto olvidémonos de la reactivación… por años.