Un operador político del castillismo

Patricio Lynch fue el contraalmirante que designó el Gobierno de Chile para la ocupación de Lima tras la derrota del Perú en la Guerra del pacífico. Hoy es otro Lynch quien pretende descalificar la democracia y al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte porque combatió la violencia y el terror que pretendió imponer el golpista Pedro Castillo.

Nos referimos a Nicolás Lynch, ex embajador del Perú en Argentina, que recibió con entusiasmo a personajes vinculados a los grupos terroristas de Sendero Luminoso y otros en la sede diplomática del Estado peruano, donde debe promoverse el estado de derecho, la seguridad jurídica y, por sobre todo, el respeto a la vida humana. Algo que los grupos alzados en armas y sus cómplices sólo consideran un costo social de su accionar delictivo.

Este Nicolás dice y se contradice. Por un lado, afirma que hubo un golpe fallido; pero que el golpe contra el orden constitucional haya fracasado no significa que no hubo golpe. El golpe de Estado liderado por el castillismo se concretó, fue público y transmitido en cadena nacional porque Pedro Castillo quería evitar que Salatiel Marrufo lo siga implicando en los actos de corrupción en los que estaba envuelta la cúpula de Perú Libre.

Nicolás pretende sorprender a la ciudadanía cuando expresa que hubo una “brutal represión desatada contra el movimiento popular que se levantó en defensa de la democracia”. ¿A qué democracia se refiere Lynch, a la del golpista que quiso instaurar un gobierno al estilo del castro-chavismo-madurismo venezolano, al de Evo Morales en Bolivia, al de Daniel Ortega en Nicaragua? Si como afirma fue un golpe contra la democracia castillista, ¿qué fue lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado?

Nicolás forma parte del grupo que pretende desconocer los hechos e imponer una narrativa falsa con relación al quiebre del sistema democrático ocurrido a fines del 2022. Y, cuando habla del “movimiento popular”, ¿a quiénes se refiere? A los delincuentes que atacaron comisarías, sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que pretendieron la toma de aeropuertos y de la planta de distribución del gas de Kepashiato. ¿A eso le llama “movimiento popular”? ¿A la movilización de 5,000 personas en los momentos más críticos de las protestas en una ciudad como Lima, habitada por casi 11 millones de personas? 

¿Qué protestas registra la historia de los movimientos sociales atacando e incendiando sedes del Estado? Ninguna, ni el incendio de la sede del Banco de la Nación durante la marcha de los Cuatro Suyos, que luego se demostraría que fue una acción realizada por el montesinismo el año 2000; o las violentas marchas contra el gobierno de Manuel Merino tras la decisión constitucional del Congreso de la República de destituir por 105 votos a Martín Vizcarra, hoy denunciado hasta por un ex ministro de su gabinete ministerial de haber recibido coimas y ordenado la compra de pruebas rápidas y vacunas que no cumplían la función de establecer un cerco epidemiológico, ni proteger a los ciudadano contra el COVID-19, todos a precios sobrevalorados. ¿Cuándo en el Perú y el mundo los “movimientos populares” de los que habla Nicolás tuvieron una cobertura mediática en señal abierta y transmisión en vivo donde los conductores alentaban la participación en dichas movilizaciones? 

Los medios de comunicación siempre fueron calificados y denostados, por “científicos sociales” como Lynch, como aparatos de poder de los grupos fácticos que mantienen el statu quo. Ahora el grupo que integra Nicolás, junto con operadores políticos y no científicos sociales, quiere convencernos de que los medios se pusieron de lado de las movilizaciones populares y defendieron la democracia. Por favor, un poco más de decoro.

 También, señala que “la corrupción que atraviesa la política del 2016 en adelante”. Se olvida Nicolás que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado de los Estados Unidos porque las cortes norteamericanas consideran que sí existen motivos suficientes que justifiquen su traslado al Perú para ser juzgado por actos de corrupción. Su detención no se trata de una persecución política, como usualmente suelen argumentar sus relacionados en su defensa.

En su disertación, Nicolás afirma que “El movimiento social´… (está) pidiendo elecciones adelantadas y nueva constitución”. Otra vez, otorga representatividad de “movimiento social” al grupo que cometió actos de terror en contra del normal desenvolvimiento de las actividades de millones de peruanos por medio del ejercicio de la violencia. Señala que hay quienes demandan cambio de constitución, pero no dice que el grupo que demanda cambios no está informado del contenido de la Carta Magna y que los derechos que reclama que sean incluidos en la Ley de Leyes ya se encuentran consignados, como el Derecho a la Educación, a la Salud, entre muchos otros.

No obstante, el derecho a acceder a algún servicio del Estado no implica que estos no tengan un costo, y que la única manera de que el Estado pueda sufragar una mejor calidad de estos servicios es haciendo una reingeniería del aparato estatal. Una opción para hacerlos más eficientes es concesionar o privatizar dichos servicios para que sea el sector privado que los asuma y tribute, que el Estado solo supervise la calidad de esos servicios. Ejemplos exitosos de la mejora de la atención de servicios bajo administración privada versus la pública abundan en el Perú. 

Más adelante, sin especificar y exhibir hecho alguno que sustente su exposición señala: “(…) sacando reformas constitucionales, acusaciones fiscales, leyes y sentencias, de la manga, del forro y de donde hubiere lugar para continuar con sus tropelías. Continúan con el asalto a las instituciones, el propio Congreso que usan para ocupar el Ejecutivo y luego el sistema judicial”. Cabe preguntarse, ¿cuáles asaltos?

Casi al culminar su documento expresa: “Corolario de todo esto es el anuncio de Dina Boluarte que se queda hasta el 2026, renegando de su promesa original de llamar a elecciones adelantadas y concebirse como una presidenta de transición”. Una precisión, cuando juramentó Boluarte dijo que ejercería la presidencia hasta el 2026; luego habló de adelanto de elecciones para posteriormente precisar que seguiría el mandato constitucional hasta julio del 2026.

Lo que sucede es que Lynch y su grupo izquierdista y sus invitados a la embajada desean seguir en el poder, quieren elecciones adelantadas con Jorge Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones, donde se inscriben planchas presidenciales de dos cuando la ley dicen que deben ser integradas por tres miembros. Y con Piero Corvetto Salinas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para que garantice un resultado acorde a sus intereses, inclusive antes de iniciarse el proceso electoral. Sin Fuerzas Armadas que reciban copia de las actas escrutadas en las mesas de sufragio, sin seguridad al interior de los locales electorales para que los ciudadanos no puedan hacer público ninguna eventual irregularidad. Sólo así su grupo mantendrá la captura del aparato del estado. Eso es lo que no puede volver a suceder en el Perú para que la democracia deje de ser esclerótica.