¿Todo es culpa del maldito neoliberalismo?

Está circulando con cierta impunidad en el Perú –pues todo debate abierto se ha hecho casi imposible en los medios que dan prioridad absoluta a la agenda oficialista– una especie que atribuye todos los problemas habidos y por haber al supuesto neoliberalismo, que “nos ha llevado a la desgracia”. Ese “maldito neoliberalismo” nos dijo en los noventa que debían fomentarse los fondos privados de pensiones y dar mayor libertad a las inversiones privadas en educación y en salud. Vivimos un duro proceso para salir del fondo del abismo en el que estábamos en 1990, debido al modelo social estatista que impuso la dictadura militar en 1968. Ninguno de los gobiernos civiles sucesivos se atrevieron a modificar ese modelo, en buena parte porque compartían su esencia liberticida y dictatorial, aunque dijeran representar a una precaria democracia.

Con la Constitución de 1993, en efecto, se fomentó un sistema privado de pensiones y en general se abrieron prácticamente todas las actividades económicas a la inversión privada y la competencia. Nunca habíamos tenido en el Perú un grado tan importante de libertades económicas. Las garantías legales de respeto a la propiedad privada tomaron rango constitucional, a contrapelo del modelo social estatista que, con confiscaciones y expropiaciones, destruyó la incipiente estructura productiva de nuestro país. El Perú empezó a creer nuevamente en sus propias posibilidades, y desarrolló una importante capacidad para atraer grandes capitales extranjeros (tanto costó convocarlos y hoy inician la retirada de nuestro mercado). El nuevo siglo nos encontró con renovadas esperanzas, lejos de la terrible inviabilidad que nos acechaba unos años antes y con una dinámica económica que ya validaba las esperanzas surgidas después de los grandes esfuerzos para superar la más grave crisis conocida hasta entonces. 

Veamos. “Neoliberalismo” es un término que se usa como arma arrojadiza desde las izquierdas para estigmatizar y huir de un debate, pero que nadie puede definir con seriedad y rigor. Hay una lista demasiado larga de “neoliberales” que no tienen semejanza alguna entre sí. Quienes hablan del “Consenso de Washington” como base de ese supuesto “neoliberalismo”, lo más probable es que ni siquiera hayan leído ese documento y solo “deducen” que sería “la mano del Imperio”. Nada más absurdo. En verdad se trata de recomendaciones de diversos organismos internacionales, y tiene ese nombre porque la sede de esos organismos es la ciudad de Washington.

Ahora vamos a los tres temas mencionados. Es claro que el sistema de AFP requiere reformas, como una pensión mínima decorosa y comisiones que no sean una renta pura para empresas administradoras, sino que –en parte– dependan del éxito obtenido de las inversiones. Hay ciertas pensiones que son muy bajas porque los sueldos son también muy bajos, debido a la carencia de inversión en bienes de capital, las deficiencias en la formación del capital humano y la consiguiente baja productividad promedio del trabajador peruano. Debe encontrarse una fórmula compensatoria como parte de las reformas que requiere el sistema de AFP. Pero la idea de una cuenta individual inembargable, en la que se registren los aportes personales, fue revolucionaria y muy positiva. Hace unos días, aportantes de ONP (sistema estatal de pensiones que usa un sistema tipo «carrusel» para pagar pensiones) pidieron la devolución de una parte de sus aportes, como se ha hecho con los aportantes de AFP. La ministra de Economía les respondió que «ese dinero no existe». Inobjetable superioridad de un sistema sobre el otro.

¿Y las universidades?. Hay muy buenas universidades privadas, pero también hay de las otras. Muchos empresarios mercantilistas, coludidos con el Estado, han evitado que este último cumpla su labor fiscalizadora. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presenta un perfil controlista extremo, con barreras burocráticas sin mayor sentido y que, más temprano que tarde, tal vez se manifieste con casos de corrupción que suelen acunarse bajo tales formas. De hecho, fue muy revelador que cuando se solicitara el concurso de universidades para enfrentar desafíos de la crisis sanitaria, se haya descubierto que algunas carreras de biología recibieron el “visto bueno” de la Sunedu sin tener laboratorios operativos.

Clínicas y Salud. Es tan bueno el nivel alcanzado por nuestro sistema privado de salud que, por ejemplo, en Tacna decenas de miles de chilenos cruzan la frontera para tratarse en clínicas privadas peruanas y también en Sisol (Hospitales de la Solidaridad, interesante modelo de iniciativa municipal con participación privada). También establecimientos, como la Clínica Centenario (institución asociativa sin fines de lucro), ofrecen servicios de gran calidad a precios abordables. El modelo del Hogar Clínica San Juan de Dios es muy exitoso. Sin embargo, ciertos grupos económicos han concertado entre ellos y, en manifiesta coordinación con el Estado, han impedido sistemáticamente la acción del ente regulador de la competencia privada y defensa del consumidor (Indecopi) en cuestiones de salud. Con un Estado corrompido, corrupto y corruptor, junto a empresarios mercantilistas que se coluden con la corrupción de ese Estado, no es posible consolidar nuestra ruta hacia el desarrollo. Todo esfuerzo se destruye.

No se necesita más Estado para desplazar o reemplazar la inversión privada, sino un Estado fuerte y eficaz que aplique la ley. Un Estado que cumpla su papel regulador acompañando los esfuerzos de ciudadanos que producen y generan riqueza. Un Estado que actúe en su rol subsidiario, allí donde el mercado no llega a cubrir las necesidades. Que ese Estado no despilfarre recursos escasos para beneficio de familiares, amigotes y empresarios mercantilistas corruptos. Se requiere mercado, competencia y Estado tanto fuerte como eficaz en las labores que le son propias, sin invadir espacios de la sociedad civil. Y también ciudadanos libres que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones, cada quien en el lugar que corresponda.