Tía María y los análisis parcializados

Inhibirse de tomar decisiones trascendentes para el desarrollo económico y social del país, en función a la lectura parcializada de los resultados que arrojan algunos sondeos de opinión, es dejarse conducir por quienes han puesto en cuestión la legitimidad de la gestión gubernamental.

Por un lado, argumentan que la región Arequipa podría colocar al gobierno en una situación de riesgo social si decidiese respaldar la ejecución de un proyecto minero cuya inversión impulsaría la reactivación económica regional y, lo principal, los niveles de confianza y credibilidad de los inversionistas nacionales e internacionales en el Perú. Algo que beneficiaría al país e impactaría favorablemente en la aprobación del gobierno.

Algunos analistas toman como indicador para respaldar el retraimiento gubernamental que en las elecciones generales del 2021 la región Arequipa respaldó a Pedro Castillo y que la desaprobación de la presidente Dina Boluarte en el sur alcanzó 88%, según encuesta de IPSOS realizada en agosto 2022. Empero, en la misma publicación se presenta la desaprobación de 97% al Gobierno de Pedro Castillo en el 2022, habiendo transcurrido solo un año de gestión. Tampoco se toma en cuenta que en las elecciones regionales y municipales del 2022, el partido de Gobierno (Perú Libre) obtuvo en la provincia de Islay menos del 6% de los votos; en tanto que la actual mandataria suma 33% de aprobación en 2023. 

Se argumentará que la muestra entre una y otra encuesta son diferentes, pero quienes toman las decisiones de inversión para generar empleo productivo, reducir la pobreza, evitar que la recaudación fiscal siga cayendo y se recuperen más los niveles de aprobación del gobierno son precisamente los partícipes de la Encuesta de Poder.

Además, existen otros elementos de análisis que no han sido considerados como que no hay un liderazgo alternativo al que ejerce el gobierno, la presidente sube 19 puestos para alcanzar 85%, al igual que el presidente del Consejo de Ministros. En segundo lugar, casi 30 puestos por debajo se encuentra Keiko Fujimori, quien no está ejerciendo una oposición activa.

Otro elemento es el ciclo electoral que recién se activará a fines del 2025 para las presidenciales del 2026. En el ínterin, no existe interés en la ciudadanía ni en las agrupaciones políticas por adelantar dicho cronograma; en consecuencia, el Gobierno tiene casi tres años para tomar decisiones y capitalizarlas durante su gestión.

Otro indicador, en el caso de la provincia de Islay y específicamente en el Valle de Tambo son las convocatorias de los anti mineros –cada vez menos frecuentes y numerosas–, porque la población ha constatado el beneficio personal que anima a sus cabecillas. En Cocachacra, distrito donde se ubicará el proyecto Tía María, tuvieron que suspender sus actividades y trasladarlas a la ciudad de Arequipa en busca de más adherentes, pero tampoco lo lograron.

Con motivo de la Convención Minera Perumin 36 hubo un par de personas que se intercambiaban un altavoz para imponerse al diálogo cotidiano de los parroquianos y turistas que buscan apreciar la catedral hecha de sillar en la apacible Blanca Ciudad. No se produjo ninguna otra acción. Además, los pobladores del Valle de Tambo enfrentan tres desafíos, las secuelas del covid-19 en su economía familiar; el desempleo que expulsa a los jóvenes separándolos de sus familias; y, las eventuales consecuencias del Fenómeno del Niño.

Finalmente, la minera está trabajando directamente con los agricultores, apoyándolos en la siembra, fumigación y cosecha. Algo que nunca han hecho quienes fomentan la confrontación entre dos actividades que históricamente han sido complementarias: el agro y la minería.