Terror y derechos humanos

La hipocresía socialista no tiene par, sabe que para Lenin en el socialismo no es propio hablar de derechos humanos. Para Lenin los burgueses carecen de derechos cuando lo que importa es la situación de inferioridad proletaria. En un régimen socialista, el Estado liberal y el derecho como tal desaparecen; pero son, precisamente, los socialistas, los que acusan a Dina Boluarte de violar los derechos humanos, sin detenerse a explicar lo que pasa en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Falta escuchar a Daniel Ortega y a Miguel Diaz-Canel hacerla de beatos de la pulcritud humanitaria.

El doble rasero de quienes, además, no entienden que las violaciones a los derechos humanos ocurren (indebidamente, claro) en cualquier circunstancia y gobierno; pero las imputaciones –salvo que sea una dictadura declarada como la de Videla– son individuales y a nivel de operaciones policiales o militares, y cuando por deliberación propia el ejecutor sobrepasa indebidamente lo razonable en el uso de la fuerza, más cuando media una orden de no hacerlo. En este caso no es propio referirse a una política de vulneración sistemática por parte del Estado. La presidenta Dina Boluarte ordenó la disuasión sin muertes, no usar armas de fuego. 

Reducir la intensidad del uso de la fuerza en una situación de ataque a las ciudades y aeropuertos induce a asumir que el Gobierno solo tuvo como política la contención no letal de la violencia, nunca el aniquilamiento del adversario. Contener involucra la legítima defensa del Estado frente a la violencia destinada a destruir el sistema. No hay visos de una reacción que correspondiera a una decisión política de agresión, persecución, sistematicidad ni unilateralidad contra los ciudadanos. 

Un tema es la posición activa (como en las dictaduras militares del sur en los años setenta o en Cuba) y otra la reactiva, que responde legítimamente contra una situación de ataque destructivo de la subversión, esto es, cuando el Estado debe defenderse. Incluso, muchos acusaron a la presidenta de debilidad, pero para el cruel socialismo del siglo XXI, ponerla al nivel del dictador Ortega es un negocio, es reventarle las llantas al único país que resiste en América Latina al llamado macabro del castrochavismo. 

Lo que pretenden es crear una imputación que arrincone a Boluarte, llevar los actos aislados al nivel de política estatal, pese a que la orden nunca fue tomar la ofensiva, sino resistir y solo se resiste cuando se es atacado. No existe, por tanto, una política de violación de derechos humanos, por tal tampoco responsabilidades desde el poder.

Lo más tangible es la obligación del Estado y sus fuerzas del orden de proteger a la sociedad y a sus instituciones frente a la violencia antisistema, lo que no quita la necesidad de buscar responsabilidades muy concretas a nivel operativo. Quizás las investigaciones den con que el uso de la violencia letal contra terceros y propios, vino desde las mismas hordas destructivas. 

Por cierto, no es manifestante el que quema policías, tampoco es explícito ni abierto el derecho a la protesta, más si es explícito el de reunirse pacíficamente sin armas y el de expresarse sin violencia (una piedra lanzada a un policía es un arma). El Gobierno no tendría que temer desde el peso de la razón jurídica, pero es clara la interesada intimidación desde adentro y la desvergonzada injerencia desde afuera.