Sobre la movilización convocada para hoy

Efectivamente, para el día de hoy, 9 de enero, la alianza para subvertir el orden constitucional ha convocado a una movilización nacional con la finalidad de promover su consigna de “adelanto del cronograma electoral”. 

Quienes se encuentran en el poder desde la caída del fujimorismo en el 2000 [con el interregno del segundo gobierno de Alan García (2006-2011)], se han dedicado a desmontar el sistema jurídico diseñado para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan brindar seguridad a la población, y con el que se logró el objetivo de derrotar a las organizaciones subversivas.

Desde entonces, los grupos terroristas han perdido capacidad operativa militar para desafiar la seguridad del Estado nacional. Sin embargo, han consolidado su alianza con el narcotráfico, que les provee recursos económicos a cambio de que les brinden protección para sus actividades ilícitas. Hoy, las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA son mercenarios de las economías ilegales, ya sea que se dediquen a la comercialización de las drogas, la tala informal, la minería ilegal o el contrabando.

Cuando los sectores más oportunistas y populistas de la política peruana, léase caviares, se manifiestan en contra de la consolidación de partidos nacionales –aún a riesgo de volver a instaurarse las denominadas cúpulas–, lo que buscan es la atomización de la clase política y la balcanización del país. 

Recordemos que cuando Walter Aduviri era gobernador de Puno manifestaba su admiración por el ex presidente de Bolivia y líder cocalero, Evo Morales; inclusive sus partidarios se manifestaron a favor de una posible anexión de dicha región al país altiplánico. El objetivo era que el oro extraído ilegalmente de yacimientos peruanos sea trasladado y comercializado libremente desde ese país.

En otras palabras, Aduviri y, posteriormente Pedro Castillo abogando por la salida al mar de Bolivia a través de territorio peruano, ambos se habían constituido en el brazo político de los contrabandistas de “El Culebrón”, así como de la minería ilegal; no obstante, el discurso político que se transmitía a la población era abogar por la “reunificación de la nación aymara”.

Para los políticos de izquierda, un país balcanizado es más fácil de someter. Con organizaciones políticas débiles, la visión de un país integrado y unitario explota. Los cacicazgos locales y regionales sólo quieren los mayores beneficios para sí mismos y en el menor tiempo posible, por ello no les preocupa aliarse con terroristas, corruptos e incapaces para medrar del aparato estatal.

Las izquierdas enarbolan discursos para establecer exclusiones como la defensa del ambiente, la cultura de los pueblos originarios, el derecho a la autodeterminación, la diversidad de género y demás. Cada una de ellas ha sido diseñada para lograr una única finalidad: el control político jurídico de sus zonas de interés.

Por ejemplo, a sabiendas de la presencia de la minería ilegal –ya sea a nivel artesanal o a mediana minería–, la izquierda afirmará que la población se opone al arribo de una empresa formal a gran escala con la finalidad de mantener el status quo. Recordemos lo sucedido con el proyecto aurífero Tambogrande en la región Piura, la minería formal fue impedida de cumplir con sus obligaciones en el plazo establecido y, en consecuencia, no pudo ejercer sus derechos de exploración y explotación. Finalmente, la beneficiada es la minería ilegal que tomó el control de los yacimientos en esa localidad. Ahora, la población vive asediada por bandas criminales allá asentadas. Las acciones delincuenciales en contra de minera Poderosa cumplen similar objetivo, emplear la fuerza para lograr el despojo.

El gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola deben tener en claro que las movilizaciones del 9 de enero son simplemente un pulseo, una evaluación de la capacidad de convocatoria y movilización de estos grupos. Lo más probable es que fracasen y que no logren sus objetivos; sin embargo, el gobierno debe estar alerta y tomar medidas urgentes y trascendentes que deberían ser anunciadas al día siguiente, referentes al relanzamiento de la economía y la autorización de construcción de nuevos proyectos mineros. Afirmar que harán lo propio con la etapa de exploración no significa avance significativo alguno y menos trascendente para la población que pide medidas urgentes y extraordinarias contra la delincuencia y sus financiadores.