Manuel Aliaga

Sobre la carta del Papa Francisco a propósito de la política migratoria estadounidense

Destaca la responsabilidad de los gobernantes de velar por la ley y el orden y el bien común

Sobre la carta del Papa Francisco a propósito de la política migratoria estadounidense
Manuel Aliaga
14 de febrero del 2025


La verdad del evangelio es, y debe ser, exigente para todos los cristianos. Es nuestro deber como bautizados (que buscamos vivir nuestras promesas bautismales, reafirmadas en el sacramento de la confirmación y en cada eucaristía) dejarnos cuestionar por ella, como una espada de doble filo—y no suavizar su filo crítico para que no nos incomode.

Es nuestro deber como católicos escuchar con atención y apertura de mente y corazón la enseñanza de nuestros pastores, aunque a veces ella nos incomode. Esa enseñanza no es nueva, sino que nos recuerda verdades que, a veces, las circunstancias nos llevan a olvidar. Luego será responsabilidad y decisión nuestra, en cada caso, y a la luz de esa enseñanza, cambiar lo que haya que cambiar y continuar lo que haya que continuar.

La carta del Papa Francisco

La carta del Papa Francisco a los obispos estadounidenses sobre las políticas migratorias de Trump se ubica en el plano moral, no en el político-partidario. El texto sólo nos recuerda algunos principios básicos de la enseñanza moral de la Iglesia, cuya aplicación puede generar conflictos: El derecho de los individuos y el de los estados; la responsabilidad y la generosidad; la justicia y la misericordia. Espada de doble filo, pues.

  • En primer lugar, las personas—especialmente las más necesitadas—tienen derecho a buscar una vida mejor para ellas y sus familias, y a migrar si hace falta. Y tienen el deber de hacerlo de manera moral y legal, respetando a las comunidades que las reciben y contribuyendo a ellas.
  • En segundo lugar, los estados tienen el derecho a regular la migración en aras del bien común—y de hacerlo de manera respetuosa de la dignidad humana, con generosidad responsable y compasión con los necesitados. Tienen, además, la responsabilidad de acoger a quienes llegan a trabajar y a contribuir.

El Papa nos recuerda que es responsabilidad de los que ostentan el poder público tomar decisiones a la vez justas y, según el caso, misericordiosas (especialmente con los más débiles). La sabiduría del gobernante consiste en inspirar y encontrar maneras legales y compasivas de navegar las contradicciones que puede generar la aplicación de estos principios en situaciones concretas, y de hacerlo de una manera que promueva el bien común, dentro y fuera de las fronteras.

La responsabilidad del gobernante sabio

Es, por supuesto, prerrogativa y responsabilidad de los gobernantes encarar sin dilación la difícil aplicación de estos principios a situaciones concretas (nivel país) y a casos específicos (nivel individual). Esta aplicación requiere del juicio prudente (no exaltado), y sus resultados serán casi siempre debatibles y debatidos. Es derecho y deber del gobernante meditar estas decisiones y recibir buen consejo, para luego tomar las decisiones difíciles. Y es derecho y deber de los observadores evaluarlas también con justicia y empatía.

Esos son principios clásicos de la doctrina social de la Iglesia, que la carta del Papa Francisco nos recuerda.

Del abuso contra el no nacido, el niño y el adolescente, al abuso contra el indocumentado

Desde una perspectiva católica, Obama y Biden fueron un desastre en los temas de "género", dentro de EE. UU. y a nivel global. Ellos impusieron políticas decididamente inmorales y contrarias a la vida y la dignidad humana y—por tanto—a la enseñanza católica (promoción y financiamiento del aborto, las ideologías feministas, trans y LGBTQ, etc.). Sus gobiernos—además—rompieron récords en deportaciones de inmigrantes sin papeles (Biden también rompió récords en su política de permitir que indocumentados ingresen al país). 

Esos gobiernos, sin embargo, no tuvieron la retórica estridente y abusiva que hoy identifica públicamente al "inmigrante ilegal" con el violador, el narcotraficante, el ladrón, el asesino, etc. Estos días, los gobernantes y cierta prensa estadounidense vienen promoviendo una inaceptable y peligrosa histeria xenofóbica y patriotera, que tiende a ver en cualquier hispano—en cualquier “marrón”—un "ilegal" y un "criminal". 

No es moralmente aceptable que a quienes—se juzga—han abusado de la moral y la ley, se les responda con abusos de signo opuesto. Esa no es una conducta justa según los criterios del Evangelio. Tampoco lo es el fomentar un estado de exaltación e indignación constante que impide el razonamiento sereno y la disposición a la clemencia y la humanidad.

De la grita antiinmigrante a la búsqueda del bien común 

Quienes conducen el gobierno tienen la obligación moral de tener un análisis más fino de las cosas. Aunque al final juzguen con todo derecho que esta o aquella persona concreta sí debe ser enviada de regreso a su país.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de los indocumentados se insertó rápida y eficazmente en un sistema económico que (1) los recibe con los brazos abiertos porque necesita fuerza de trabajo barata, pero que (2) se rehúsa a hacerles un espacio en el orden legal. "Que trabajen de sol a sol, si quieren, pero que no tengan derechos", ha sido el lema por décadas. Y así se han enriquecido y beneficiado industrias y comunidades enteras.

Asumir nuestra responsabilidad

No olvidemos nuestra parte en todo esto: Si “ellos” están de “ilegales” es porque: (1) “Ellos” entraron o se quedaron ilegalmente y (2) “nosotros” los mantuvimos en ese estado y nos beneficiamos de ello. Fue decisión “nuestra” no aplicar la ley por tanto tiempo. Y es decisión “nuestra” (y de nadie más) responder a nuestra negligencia de una manera draconiana y punitiva, o de una manera flexible y compasiva. Fuimos “nosotros” quienes los mantuvimos en el limbo de la ilegalidad. El mismo poder que usamos para deportar se puede dirigir, si queremos, a legalizar. En otras palabras, la responsabilidad de su ilegalidad no es solo de ellos. Asumamos lo que nos toca, y busquemos una solución.

Nada impediría—salvo la mezquindad y el fariseísmo moral—que, así como se deporta a quienes han hecho “méritos” para ello (p. ej., delincuentes violentos), a otros que han hecho méritos reales se les abriera un camino de legalización.

No es un debate nuevo

Esta propuesta no es nueva. Hace 45 años el republicano Ronald Reagan llevó adelante con éxito un proceso de amnistía migratoria. Y hace 25 años el “conservadurismo compasivo” del republicano George W. Bush lo intentó, esta vez sin éxito. Trump tuvo algunas palabras en esa dirección en su primer gobierno.

Lo cierto es que en EE.UU. existen millones que tienen décadas trabajando, pagando impuestos, contribuyendo a sus comunidades, y que no son criminales. No es razonable suponer que se podrá deportar a todos. Quienes piensan estos temas con calma así lo reconocen. Una solución real (sabia, justa, misericordiosa) debe incluir un camino de legalización para ciertas categorías de inmigrantes ilegales.

Recordar la justicia y la compasión

El Papá Francisco nos ha recordado la grave responsabilidad de los gobernantes de velar por la ley y el orden y el bien común, especialmente en el tema fronterizo y migratorio. Nos ha recordado también la grave obligación de gobernar desde una perspectiva humana y compasiva. 

En lo personal, no dudo que la gran mayoría de deportaciones que han venido sucediendo resultan del ejercicio legítimo (aunque debatible en los detalles) de la responsabilidad del gobernante. Pero el discurso desmedido y estrepitoso debe cesar. Y se deben abrir otras puertas que también faciliten una solución sabia, justa y compasiva, incluido el ofrecer un camino de legalización a ciertos grupos de indocumentados. 

Estos principios básicos arraigados en el Evangelio son, por supuesto, válidos tanto en EE.UU. como en el Perú.

Manuel Aliaga
14 de febrero del 2025

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