Retornando a los años ochenta

En los años ochenta en el Perú vivimos el retorno a la democracia con tres grandes lastres heredados del gobierno militar: aparato productivo con gran presencia de empresas estatales que operaban con subsidios, desequilibrios fiscales y elevada deuda externa, que en toda la región latinoamericana devino en lo que se llamó la crisis de la deuda, entendida como la imposibilidad de los Estados de cumplir con los acreedores.

En el primer quinquenio de los ochenta era usual la aprobación de Presupuestos Generales de la República desfinanciados y se llegó a entrar en default en el pago de la deuda. En el segundo quinquenio, no solo se incumplió pago de deuda, sino que se desató la hiperinflación y los desequilibrios en las cuentas de la macroeconomía fueron descomunales. La enmienda llega con un gran ajuste en el segundo semestre del 90 y la reactivación recién se pudo sentir cuatro años después. 

Para obtener una calificación crediticia de grado de inversión tuvieron que transcurrir 17 años. La generación de los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964), creímos en el 2007 que habíamos entrado a un ciclo virtuoso y el pasado de terror económico vivido sería una cosa del pasado, lamentablemente nos equivocamos, desde el 2011 ha habido una disminución de la tasa de crecimiento, hasta llegar al proceso recesivo del 2023, con incumplimiento de la meta del déficit fiscal y con un retorno acelerado al estatismo. 

La vocación estatista ha sido heredada de la etapa de Pedro Castillo, que la mandataria Dina Boluarte lo lleva en el ADN, y que cuenta con sus defensores en el Congreso. El sector donde más se ha practicado es en Energía y Minas, donde tienen un promotor incondicional en el ministro Oscar Vera, con un ministro de Economía y Finanzas como Alex Contreras que se ha allanado a esta posición. 

 Vale la pena hacer un recuento estatista: 1) el discurso de masificación del GN con fondos recaudados del consumidor (FISE) y cofinanciamiento del tesoro, 2) la propuesta legislativa de crear una Agencia de Inventarios de Combustibles, 3) la ampliación por tres años adicionales que Petroperu (PP) sea distribuidor de gas natural (GN) por redes de ductos en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, 4) la entrega de lotes petroleros productores a Petroperu, 5) la propuesta que las empresas estatales de distribución de electricidad puedan desarrollar el mismo rol con el GN, y 6) el apoyo financiero de Petroperu con cargo a la caja fiscal. 

Son 6 puntos trascendentes, el retorno al Estado empresario haciendo uso de recursos fiscales, aún así la empresa tenga pérdidas. Solo el caso PP implica 1% del PBI, no previsto en el Presupuesto General de la República del 2024, en un contexto que en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2026, hay una meta de déficit fiscal para el 2024 del 2.0% del PBI, recordando que en el 2023 se incumplió con la meta del 2.5% del PBI. 

La clase política opositora que predica el modelo económico de la Constitución de 1993, entre los que están la dirigencia de: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, no han dicho una palabra. Como todos los casos de la lista citada, podrían ser vistos positivamente por el ciudadano de a pie, prefieren ser silentes. Falta de convicciones se llama, no son capaces de defender principios, prefieren contar con adhesiones electorales futuras. 

Los que hemos vivido las tribulaciones de los ochenta y noventa, no debemos estar dispuestos a aceptar dócilmente la sumisión de los políticos, para retornar a épocas pasadas y debemos ponerlos en evidencia que su prédica sobre la inversión es solo eso y que no están dispuestos a practicarla.