Recuperemos nuestra dignidad

Las acciones de corrupción y la posible existencia de una organización delincuencial de allegados al actual gobierno están llevando al país a niveles insospechados de bajeza moral. Y eso daña a lo más preciado de los ciudadanos: su dignidad. Es decir, el respeto a sí mismos y hacia los demás. Algo que además se acentúa porque hay quienes continúan pensando que estamos en una confrontación entre la izquierda (los buenos, defensores de los pobres) y la derecha (los malos, representantes de los ricos).

Importa recordar que la corrupción es el mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular. Puede producirse a través del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero e influencias y el desfalco. Por el contrario, los valores relacionados con la ética administrativa son orientadores del quehacer profesional, en tanto ponen como eje central el bien común. Entonces, la gestión pública deja de tener sentido y se deslegitima cuando pierde su sentido social. Una cuestión hace mucho tiempo advertida por Cicerón en su aseveración: “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.”

En ese marco, resultan extrañas algunas opiniones de personajes conocidos o auto etiquetados de izquierdistas, que llegan al absurdo de medir la cuantía de los daños económicos con que se afecta al Estado para “minimizar” la responsabilidad en el manejo de la economía nacional, justificar la corrupción en curso y desprestigiar a las instancias que –en el cumplimiento de sus funciones– vienen iniciando acciones de recuperación de la ética en la función pública. Un comportamiento que lamentablemente evidencia complicidad con la destrucción de una democracia que, aún con sus limitaciones, costó mucho construir a generaciones anteriores.

Estas actitudes nos invitan a recordar al Papa Francisco en su afirmación: “Las cosas tienen un precio y estas pueden estar a la venta, pero la gente tiene dignidad, la cual es invaluable y vale mucho más que las cosas”. Y también a José Saramago, quien afirmó que “la dignidad no tiene precio. Cuando alguien comienza a dar pequeñas concesiones, al final, la vida pierde su sentido”.

Felizmente y para bien del país, ante tanta muestra de corrupción y desgobierno, se viene operando una especie de animación ética y reencuentro con sus funciones de algunas instancias de poder, que van poniendo en evidencia las acciones ilegales del presidente y sus allegados, buscando a la vez determinar sanciones inmediatas, como las circunstancias lo ameritan. Nos referimos a la Fiscalía de la Nación (apertura de más de media docena de carpetas fiscales), el Poder Judicial (cumpliendo con celeridad los requerimientos de la Fiscalía), el Congreso –que en el marco del respeto a la Constitución va corrigiendo decisiones erradas (como en el caso de la intervención Derrama Magisterial)– y diversos sectores de la población que rechazan estas actitudes. 

Son acciones que ameritan, junto al reconocimiento de su certeza, la afirmación del compromiso ciudadano para evitar el avance de la deshonestidad en el país, apostar a impedir que el Ejecutivo, con el aval partidario de Perú Libre (y su estrategia de destrucción de la democracia mediante la corrupción), logre arrebatar la dignidad nacional.