¿Quién es el enemigo?

Los audios que han circulado en los últimos días —de la reunión en Arequipa del 24 de julio entre el presidente Vizcarra, miembros del Ejecutivo y autoridades locales arequipeñas— han evidenciado el enfoque de conflicto con el que el gobierno buscaba solucionar las paralizaciones producidas por el otorgamiento de la licencia de construcción al proyecto Tía María. Los audios han sido especialmente preocupantes para los empresarios en Perú y para quienes piensan invertir en el país. Hay una frase que dice el presidente a los gobernadores: “Yo no soy el enemigo”. Si él no es el enemigo ni los gobernadores lo son, entonces: ¿quién es el enemigo?

Varios empresarios, en especial lo mineros, pueden fácilmente interpretar que el sector está siendo tratado como el enemigo. Las acciones de los gobernadores y del Ejecutivo en la gestión de los conflictos sociales relacionados a la minería han intentado ser a costa del desarrollo del sector minero, debilitando además las industrias conexas que se beneficiarían con esta actividad. 

Las ideas del presidente propaladas en los audios muestran, al menos, un desinterés por el sector minero. Por ejemplo, considera que los procesos administrativos otorgados por sus propias instituciones no son muy legítimos. Él afirma que “(la mina) ha cumplido su procedimiento administrativo. Lo que hay que hacer es revertirlo, pero revertirlo administrativamente”. Es decir, pone sus intenciones políticas, emocionales o ideológicas (difícil determinar cuáles) por encima de los criterios técnicos: “Las posiciones técnicas que ustedes tengan (los gobernadores), las respaldo”. Para el presidente hay una clara distancia entre la legalidad que él representa y la legitimidad social.

La política es también un juego de gestos y mensajes. El mensaje que debería transmitir el presidente a los inversionistas mineros es que el gobierno peruano va a garantizar las inversiones, en especial si el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado la licencia (por el cumplimiento de los requerimientos solicitados); y que está comprometido a apoyar políticamente sus propias decisiones, a pesar de que un grupo se oponga. Casi todas las inversiones grandes, mineras o no mineras, tienen alguna forma de oposición. Por ejemplo, hace diez años, los vecinos de Barranco se opusieron a que el Metropolitano pase por ese distrito. Sin embargo, se pudo gestionar la oposición y realizar un proyecto que mejoró el transporte de la ciudad significativamente.

Colocar en la agenda nacional un cambio en la Ley de Minería, en las condiciones y por las motivaciones en los que fue planteado, permite a las voces hostiles a la minería avanzar sus pedidos, en desmedro de la competitividad del sector. Probablemente será uno de los principales focos de los grupos hostiles a la minería en los próximos tiempos. 

La buena noticia para el Perú es que la oposición a la minería no es algo compartido por la mayoría de la población. Recientemente una encuesta de Datum, a nivel nacional, evidenció que el 52% de la población está a favor de la actividad minera en el país, y solo 37% en contra. El 77% además estaba a favor que el gobierno viabilice el inicio de la construcción del proyecto Tía María, ya sea a través de la imposición del orden (12%) o a través de un diálogo (65%). El 74% además considera a la minería como algo muy importante. 

El gobierno, o más probablemente un próximo gobierno, deberán cambiar el rol que juega en el impulso de sector. Debe ser un rol que ayude a disminuir los conflictos sociales, incrementando la confianza de la población en las instituciones, y de esta manera eliminar el caldo de cultivo que aprovechan —con una metodología de conflicto muy efectiva— tanto los aventureros políticos como las ONG opuestas a la minería. El gobierno debería garantizar que las actividades mineras eviten daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional, más que responder a necesidades políticas de corto plazo. Mientras el gobierno no asuma sus responsabilidades en ese campo, la minería peruana será frenada por los mismos gobernantes que deberían promoverla.