Más camisas de fuerza para la minería

El 27 de agosto, diversos gobernadores del sur (Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, etc.) presentaron una propuesta para cambiar la Ley de Minería, tal como fue anunciado hace algunas semanas. La propuesta presenta ciertos elementos que generarían un rechazo importante del sector. Uno de los más llamativos es el fortalecimiento de la presencia del Estado, a través de la creación de la Empresa Minera del Perú, que se dedicaría directamente a actividades mineras. Es decir, volver al modelo de un Estado empresario ya aplicado en la época de Minero Perú. Para este objetivo, se necesitaría modificar el capítulo económico de la Constitución. Será difícil alcanzar la coalición política necesaria en el Congreso, y la apoyarían principalmente las voces que están buscando generar una Asamblea Constituyente, como Nuevo Perú, el Frente Amplio y algunos otros congresistas específicos, con inclinación por ideas izquierdistas.

Otra idea más llamativa y que tendría mayor apoyo de sectores políticos y sociales, es la de ampliar la Consulta Previa más allá de la Lista de Pueblos Indígenas y Originarios definida por el Ministerio de Cultura, e incluir a las Comunidades Campesinas. Situación similar es la obtención de una “Licencia Social regulada por la participación ciudadana, contenida en el EIA, (…) dentro del Área de Influencia Directa e Indirecta ambiental y social”. No queda claro en qué consistiría esta “licencia social” y en qué se diferencia de los actuales mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en el EIA. Además, dentro de la politización del contexto en que se hace esta propuesta, está la incertidumbre de cómo determinar el Área de Influencia Indirecta, que sería una fuente de disputa de los buscadores de rentas y operadores hostiles a la minería. Cabe recordar que varios de los proyectos más emblemáticos fueron obstaculizados no por el entorno más cercano, sino por gente que no se encontraba incluida en dicha área. Por ejemplo, el entorno cercano de Conga se manifestó muy a favor del proyecto, y en ese caso se habría dado la “licencia social” sin que esta sirviera para que detener la conflictividad. 

Otros componentes de la propuesta, son menos atractivos social y mediáticamente, pero podrían ser importantes fuentes de conflictividad. La propuesta contempla varios mecanismos de obtención de mayores rentas y oportunidades de corrupción para los gobiernos regionales. Se contemplan mecanismos para incrementar los pagos de Derecho de Vigencia, y que el 20% de lo recaudado vaya a los Gobiernos Regionales. Además la propuesta indica que “las acciones de prevención, evaluación, fiscalización, supervisión, control y sanción” de las actividades mineras estén a cargo de los gobiernos regionales (aunque ellos ya participan en diversas actividades de monitoreo ambiental). Esto incrementaría el poder de estas autoridades para obstaculizar la minería y les brindaría herramientas para hacerlo. Solo basta recordar los esfuerzos de Gregorio Santos para frenar el proyecto Conga con instrumentos pseudolegales o las intenciones del gobernador Cáceres Llica para detener a Southern a través de la anulación de servidumbre de terrenos.

Las medidas con mayor potencial de uso populista son las que buscan incrementar la carga tributaria de las empresas mineras, que ya se encuentra en un elevado (comparativamente hablando) 47%. Desde el punto de vista político, es muy sencillo exigir que las empresas paguen más impuestos, a pesar de que la industria minera representa un mayor porcentaje de los impuestos que los que representa como proporción del PBI.

El diagnóstico de los gobernadores es que “existen los conflictos sociales porque no hay una nueva Ley de Minería”. Sin embargo es poco probable que esta propuesta sirva para ello. Mayores fondos para los gobiernos regionales podrían ser útiles, pero estas autoridades no son capaces de invertir los recursos de los que actualmente disponen. Incrementar las transferencias (a niveles nunca antes vistos) a la población del entorno, no impidió la conflictividad en Nueva Fuerabamba, no basta con asignar recursos para aplacar los conflictos. La poca capacidad de las autoridades subnacionales para ejecutar obras y la alta capacidad para encontrar espacios de corrupción, se mantendría si sus herramientas para coaccionar a las empresas aumentan. 

El ministro Oliva se ha manifestado en contra de algunas de las medidas más peligrosas que estaban voceadas en esta propuesta. La amenaza central para el sector minero y para futuras inversiones en el Perú, no es que esta ley se apruebe en su totalidad, sino que algunas de las medidas logren ver la luz, y que aumenten las camisas de fuerza que restan competitividad a la industria y que estimulan el aumento de la conflictividad y la erosión del marco institucional para la minería. Es evidente la poca capacidad del Estado y de las empresas para prevenir eventos conflictivos, y es claro que se necesita realizar cambios. Sin embargo, es poco probable que dichos cambios ayuden a reducir la conflictividad si no se hace un análisis realista de las verdaderas causas de los conflictos, promovidos hoy justamente por los actores que están obteniendo mayor capital político de esta coyuntura.