¿Quién debe presidir la Autoridad Única del Transporte?

Si en los próximos días el pleno del Congreso aprueba el dictamen que crea la Autoridad de Transporte y Tránsito Urbano para Lima y Callao (ATTU) —bajo la dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones— y el Ejecutivo promulga la ley, el gobierno de la ciudad —tanto de Lima Metropolitana y el Callao— habrá perdido una competencia central prevista en el artículo 161 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Si bien ambas municipalidades tendrán asiento en un consejo directivo señalado por la ley, lo cierto es que todo el ámbito de gestión de este sector será trasladado a la esfera del Poder Ejecutivo.

No sería la primera vez, durante los últimos treinta años, que se produce una reforma de tal dimensión en detrimento del fuero municipal. Ya en el mes de marzo de 1996, cuando se creó Cofopri, no solo la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino todas las municipalidades provinciales del país, perdieron las competencias para realizar todos los procedimientos que culminan en la entrega y registro de un título de propiedad de vivienda o cualquier otro inmueble. El hilo conductor que justifica la dación de ambas reformas es el mismo: la incompetencia del gobierno local para resolver problemas apremiantes como el caos y la informalidad del transporte público y el acceso a la vivienda, respectivamente.

Varios alcaldes, municipalistas y candidatos a la alcaldía de Lima muestran, en estos días, una férrea oposición al dictamen que en cualquier momento debe someterse al pleno del Congreso para su aprobación. Pero todo indica, igual que cuando se creó Cofropi, que finalmente la opinión pública, ávida de una resolución de la prolongada crisis del tránsito y transporte, terminará por respaldar la creación de la ATTU.

A mi juicio, hay dos entidades responsables para que se produzca esta centralización de competencias en el Poder Ejecutivo. La primera es el Congreso de la República, que diseñó el año 2002, en anteriores y posteriores normas legales y constitucionales, un modelo de gobierno de la ciudad que institucionaliza la atomización de la capital y divide arbitrariamente las jurisdicciones de Lima y Callao. El Congreso, históricamente, a diferencia de otras capitales de la región y del mundo, ha sido incapaz de formular un diseño sistémico nuevo de gobernanza de la ciudad que evite que, hasta hoy, existan 14 dependencias que se disputan las competencias y funciones para afrontar el problema del transporte y del tránsito; así como poner freno a las interminables disputas en las municipalidades de Lima, el Callao y la provincia de Huarochirí.

La otra responsabilidad radica en los liderazgos de las propias municipalidades de Lima Metropolitana, el Callao y Huarochirí, que han ejercido las gestiones durante los últimos 30 años. Varios alcaldes y candidatos a la alcaldía de Lima se rasgan las vestiduras porque las municipalidades de Lima y Callao perderán la conducción del transporte y tránsito urbano. Pero esos liderazgos, que representan varias décadas de gestión, no asumen una sincera autocrítica, dada su incapacidad para generar desde el fuero municipal una reforma que centralice competencias y funciones, pero sin que las municipalidades pierdan la dirección del transporte y tránsito urbano.

En verdad, la ATTU pudo tener otro camino de creación, tributario de una concertación de los liderazgos de Lima Metropolitana y el Callao. En ese caso, el proyecto que, hoy por hoy, estaría a la orden del día en el Congreso pudo ser otro. Debió ser una ATTU municipalista, como parte de un nuevo modelo de gobierno de la ciudad que fortalezca la descentralización en la capital. Pero ni durante las tres gestiones de Luis Castañeda Lossio ni la de Susana Villarán, y menos los liderazgos del movimiento Chim Pum Callao (que ha gobernado el puerto por cerca de 20 años), han sido capaces de concertar una salida institucionalista, que se exprese en un proyecto de ley conjunto presentado al Congreso para crear una ATTU municipalista.

Como tantas veces ha ocurrido en la historia del Perú, el caudillismo localista termina siendo funcional al centralismo del Estado. Y todo indica que la ATTU, planteada en el dictamen de ley del Congreso, tendrá que ser inevitablemente presidida por el Poder Ejecutivo. No hay otra alternativa por ahora para evitar que sigan los enfrentamientos entre Lima y Callao, o entre las municipalidades y el Ministerio de Transportes.

Observando las tendencias en el largo plazo, quizá esta necesaria centralización de competencias para empoderar a una sola autoridad, en la direccionalidad de una política pública integral que ordene el transporte de Lima y Callao, sirva como un precedente para que las autoridades nuevas que surgirán de las elecciones del 7 de octubre en Lima y Callao, construyan una agenda común de integración institucional, pero conservando sus correspondientes autonomías. La evidente conurbación de ambos espacios metropolitanos obligará, tarde o temprano, a concertar la creación de un solo gobierno regional metropolitano, a manera de una macrorregión, de una megaurbe con cerca de 10 millones de habitantes.